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Huelva

Juzgados de lo Social de Huelva, 25 años con la misma plantilla pese a multiplicar por 3 su trabajo

El sindicato CSIF denuncia que la ratio para cada uno de los tres órganos supera el 160% de su capacidad y los señalamiento se demoran hasta 12 meses

En la radiografía de la situación de los órganos judiciales se observan problemas que, a pesar de las continuas reivindicaciones de los profesionales del sector, se han vuelto crónicos. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha publicado la memoria correspondiente al año 2017, donde se exponen necesidades repetidas un año tras otro: más dotaciones para los juzgados y la creación de nuevos órganos.

Entre las necesidades, en su memoria el Alto Tribunal andaluz reivindica, una vez más, la creación de un Juzgado de lo Mercantil exclusivo, más plazas judiciales en los partidos judiciales de Ayamonte, La Palma del Condado y Moguer, un magistrado más para la jurisdicción civil de la Audiencia y llama la atención sobre la sobrecarga de trabajo detectada en los juzgados de Primera Instancia –ante la avalancha de causas de cláusulas abusivas hipotecarias– y en los juzgados de lo Social de Huelva, desbordados por una litigiosidad que claramente los sobrepasa.

Esta semana, el sindicato CSIF –que continúa con su calendario de movilizaciones para exigir más personal y dotaciones en los juzgados andaluces– ha denunciado que el nuevo Juzgado de Primera Instancia (el número 8) que abrirá a final de mes arrancará con la mitad del personal requerido.

 

Situación alarmante en la jurisdicción Social

Este sindicato, uno de los más beligerantes contra la Administración autonómica por su gestión en materia judicial, ha advertido en especial sobre la difícil situación que padecen los tres juzgados de lo Social de Huelva (única provincia andaluza que solamente cuenta con tres órganos de esta jurisdicción), que “han triplicado desde 2007 la carga de trabajo con una ratio que supera el 160% de su capacidad”.

Estos juzgados se encargan de las materias relativas a la Seguridad Social, altas médicas, reclamación de pensiones, cantidades o despidos

Desde el sector de Justicia de CSIF han vuelto a incidir en que las plantillas de estos órganos “siguen siendo las mismas desde hace más de 25 años, con tan sólo 30 trabajadores”, y no entienden cómo no se toman medidas al respecto, sobre todo cuando la misma Administración y hasta el Defensor del Pueblo Andaluz han reconocido que Huelva necesita dos nuevos juzgados de lo Social.

Recuerda la central sindical que estos juzgados tramitan y resuelven todas las materias relativas a la Seguridad Social, altas médicas, reconocimiento de grado de incapacitación, reclamación de pensiones, despidos, reclamaciones de cantidades, sanciones e impugnaciones de convenios, entre otras cuestiones, así como las ejecuciones de todos estos procedimientos.

 

La crisis no ha terminado

El sector de Justicia de CSIF observa cómo “a pesar de la apreciación general de que la crisis ha remitido, en Huelva y su provincia los despidos, cierres de empresas y liquidación de autónomos están a la orden del día”. En diez años de crisis, denuncian desde el sindicato, los asuntos de los Juzgados de lo Social “se han triplicado”, soportando una carga de trabajo que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobrepasa el 160% de la ratio.

El Consejo General del Poder Judicial, recuerda CSIF, considera precisamente que la ratio de un Juzgado de lo Social con ejecuciones debe estar entre 650 y 800 asuntos anuales; sin embargo en este último año en Huelva se han superado los 1.300 en cada uno de los tres centros.

El CGPJ establece una ratio entre 650 y 800 asuntos anuales, y en Huelva se superan los 1.300 en cada uno de los órganos

Según los datos de la central sindical, el Juzgado de lo Social número 2 es el dicta más sentencias de toda España y cada jueza celebra 27 juicios a la semana. En cinco días, está dictada la sentencia. Estos datos, a juicio de la central sindical, “demuestran el buen hacer de los trabajadores y de las juezas que están asumiendo una carga de trabajo tres veces mayor de lo estipulado. Su eficiencia es tal que, gracias a su labor, no existen demoras mayores”.

El incremento del trabajo –a pesar del sobreesfuerzo de las plantillas– unido a lo que CSIF considera “un alarmante déficit de personal” provoca que sea “totalmente imposible resolver de forma inmediata los procedimientos urgentísimos”, como son las altas médicas, el traslado forzoso de trabajadores y cuestiones electorales y derechos fundamentales.

 

Un año de espera para señalar un juicio

Por otro lado, lamentan en el sindicato, los señalamientos de juicios y la tramitación de los despidos tardan una media de doce meses. Las reclamaciones a la Seguridad Social son “imposibles de resolver” antes de los dos años y las reclamaciones de cantidad tienen que esperar casi dos años y medio. Todo ello repercute negativamente en la atención que se les presta a los usuarios y ralentiza los procesos con un número cada vez mayor de afectados.

CSIF explica que “hasta tal punto es preocupante la situación que el Defensor del Pueblo ha pedido en reiteradas ocasiones a la Administración la puesta en marcha de dos órganos de nueva creación”. Mientras tanto, la solución sería –según el sindicato– un incremento de plantilla de al menos dos funcionarios más en cada centro o la creación de un juzgado de refuerzo. Por ello, la central sindical espera que las administraciones den solución al problema “de forma prioritaria” y “saquen de la marginalidad a la Justicia de Huelva”.

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