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La alcaldesa de Punta anula la adjudicación del Tanatorio tras abrirse una investigación judicial

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha anulado la adjudicación del Tanatorio municipal a una empresa de su asesora tras estimar el recurso de reposición interpuesto por UPU y tras la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva por prevaricación y fraude.

La primera edil, en decreto dictado hoy, estima el recurso presentado por José Carlos Hernández Cansino, portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) contra el Decreto de Alcaldía de 24 de febrero de 2016 por el que se adjudicaba a la empresa Tanatorio Punta Umbría S.L. el contrato de gestión de este servicio público.

En el recurso se alegaba que en este caso concurría causa de nulidad de derecho administrativo al considerarse que la empresa está incursa en las causas de prohibición de contratar señaladas en la ley, ha recordado UPU en un comunicado.

El principal accionista de Tanatorio Punta Umbría es pareja de una asesora nombrada “a dedo” por la regidora, quien también había ejercido durante años de secretaria personal del anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado.

Según Hernández Cansino, el recurso denunciaba que la adjudicación es “nula de pleno derecho”, ya que incurre en una manifiesta prohibición de contratar estipulada en la Ley de Contratos del Sector Público, que impide adjudicar contratos municipales al personal al servicio de la Administración, su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación afectiva”.

Elconcejal de UPU advirtió de esta incompatibilidad en la mesa de contratación el 4 de febrero pasado, pero “la alcaldesa prefirió adjudicar el contrato a la empresa de su asesora a sabiendas de dicha irregularidad”, ha dicho.

Según Hernández Cansino el cambio de empresa se debe “a una maniobra para eludir el pago de deudas de la anterior empresa adjudicataria, JOPERIVE S.L., también propiedad de la asesora, que por ejemplo debe al ayuntamiento varios años en concepto de canon por la concesión del tanatorio”.

UPU constató que las irregularidades se producían desde 2011, permitiéndose de forma ilegal el cambio de titularidad en la concesión inicial del contrato e incluso la prórroga ilegal del mismo a su finalización en noviembre de 2014.

Por otra parte, ha informado de que el juzgado de instrucción número 2 de Huelva ha iniciado una investigación tras la denuncia presentada por UPU, por los delitos de Prevaricación, Fraude en la Contratación y tráfico de Influencias, habiendo requerido ya el Juzgado tanto al ayuntamiento como al Registro Mercantil documentación relativa a la adjudicación del tanatorio y a las empresas vinculadas a la asesora municipal.

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