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La familia del Crimen de Almonte quiere una segunda autopsia de los cuerpos para conseguir más pruebas

La defensa de la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, que investiga las muertes de Miguel Ángel Domínguez y a su hija María, ambos asesinados en el domicilio familiar en abril de 2013, en el que solicita nuevas pruebas. Entre ellas, la exhumación de los cadáveres para una segunda autopsia, ya que no existe a día de hoy ningún inculpado ni condenado tras la absolución del único acusado.

En un escrito, el letrado solicita esta exhumación y la realización de un análisis de la manta que cubría a la menor y del vestido que llevaba puesto cuando ocurrieron los hechos, ya que en su día se recortó un trozo de esa manta, dio positivo de sangre de ella misma, pero considera que «hay que hacer un examen exhaustivo» de ambas prendas, al tratarse de una prueba «útil, necesaria y pertinente» y que «no se ha hecho nunca», ya que de esa forma, «pueden aparecer restos del verdadero autor».

José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, letrado que representa desde hace unas semanas a esta familia, solicita, a su vez, la ampliación del estudio podológico. Aunque ya consta en autos un informe pericial del podólogo forense Pablo Martínez-Escauliaza, en el que desarrolló «un completo y exhaustivo» informe sobre las pisadas halladas en el piso, la defensa propone que esa nueva prueba la realicen profesores podólogos de la Universidad de Barcelona llevando a cabo un estudio desde la Biomecánica, Antropometría y de las Leyes de la Física aplicadas a la Anatomía Humana, tomando la altura y el peso de Francisco Javier Medina, debiendo este ser citado para la realización de la citada prueba por el juzgado.

También solicita librar atento oficio al supermercado en el que trabajaba Medina para que informe al juzgado del modelo de la cámara de vigilancia que grabó imágenes suyas en el establecimiento unas horas antes de los hechos y el ángulo y la altura a la que estaba situada dicha cámara.

El letrado precisa que «también se podría librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) para que con sus medios pueda realizar un informe en tal sentido con todos los datos aquí reflejados» y previo conocimiento de la altura y peso de Medina y el modelo de la cámara de vigilancia, entre otros datos ya que considera que es «importante contrastar y cuantificar determinados datos de Medina y poder encontrar una compatibilidad con el informe podológico que ya realizó el forense para el juicio y en donde de alguna manera, casi evidente, llegó a manifestar en su informe que las pisadas halladas en el piso podrían corresponder con las de Medina», a lo que ha añadido que «si este informe se hace correctamente y se concluye que las pisadas son suyas, esta investigación produce un vuelco y será otra prueba de cargo que llevará al verdadero autor de los hechos».

La defensa pide encargar a la UCO una investigación para establecer las horas de los móviles de la madre y expareja de los fallecidos; de la vecina ecuatoriana que «escuchó importantes ruidos y golpes y de su novio, ya que ambos durante los crímenes se estaban whatsapeando contándole ella a él lo que estaba escuchando».

Para ello, solicita interrogar al agente de la Guardia Civil que llevó a cabo la investigación de realizar la copia del móvil de la vecina para conocer si la hora del teléfono era la real; hacer la misma operativa con el teléfono del móvil de su novio y con el teléfono de la madre de la niña con el fin de comprobar la hora exacta del individuo que subió al citado inmueble y cometió los hechos y, por último, que el Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil explique mediante informe si en aquella época (abril de 2015) la hora de los teléfonos podían ponerse manualmente o si por el contrario se hacía de forma automática como existe en la actualidad en cualquier terminal móvil.

El letrado considera que «estas diligencias nunca se han practicado y, al ser todas pertinentes y necesarias, deberían practicarse salvo mejor criterio judicial», mostrándose esperanzado de que se admitan al entender que «todas nos llevan a la verdad de lo ocurrido y con ello dar con el verdadero autor de los hechos».

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