Aún no han transcurrido ni seis meses de esta legislatura municipal y la tensión política en Almonte continúa escalando. Desde el Partido Socialista en la localidad han lamantado la "falta de responsabilidad" y la "doble moral" del líder de la oposición, el ex alcalde Francisco Bella.
De acuerdo con los socialistas, el partido independiente Ilusiona estaría ocasionando un "daño que costará revertir" a las empresas locales y al Destino Doñana. Según denuncian, Bella "no deja cada día de empañar públicamente el Destino Doñana", afectando "muy negativamente al sector turístico del municipio".
Acusan al partido independiente, con Bella a la cabeza, de "no cesar en su empeño de desestabilizar al gobierno local atacando, difamando y pidiendo a diestro y siniestro dimisiones, tanto del concejal en cuestión como de la alcaldesa o el Director del Espacio Natural".
El Partido Socialista asegura que la "desesperación del exalcalde por volver al poder puede verse interrumpida por un auto judicial".
Según los datos proporcionados a esta redacción, dicha causa judicial comenzó en agosto 2011 por la denuncia de un particular sobre una supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones irregulares a varias empresas. Una causa en la que se pide su inhabilitación.
El PSOE de Almonte ha querido recordar que que el pasado año la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva pidió el archivo para tres cargos públicos en el caso de las captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana porque consideraba que “no existía indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos”. Sin embargo, la causa continuó adelante en la acusación a 15 personas entre las que se encuentra el exalcalde Bella.
Los socialistas afirman que la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Palma del Condado ha abierto juicio oral contra Francisco Bella, al que se le acusa de un presunto delito contra los Recursos Naturales, por usurpación de aguas en Doñana, por el que el Ministerio Fiscal le pide pena de dos años y diez meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa, lo que le impediría volver a la alcaldía.
