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La Junta concede ayudas de casi 2,3 millones para asentamientos de inmigrantes en Huelva y Almería

El Boletín Oficial de la Junta (Boja) ha publicado este miércoles las ayudas extraordinarias aprobadas en el penúltimo Consej de Gobierno para ayuntamientos en cuyos municipios existen asentamientos conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivo bajo plástico, y que serán coordinadas por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Estas ayudas se incluyen en un decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del Covid-19 que también recoge iniciativas de otras tres consejerías, concretamente las de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En relación a las ayudas extraordinarias anteriormente citadas, se centrarán en Almería y Huelva y se dotarán para este ejercicio presupuestario con un total de 2.297.160,21 euros, de los que 1.158.537,60 euros serán para la provincia almeriense, para atender a una población de unas 2.210 personas aproximadas, repartidas en 79 asentamientos. A la provincia onubense se destinará una cantidad de 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en 30 poblados.

La asignación a cada ayuntamiento se ha distribuido según la información ofrecida en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el Infoca y Cruz Roja y en los informes de los equipos de atención al inmigrante (EDATI) de Almería, así como de la Guardia Civil actualizados por Cruz Roja a marzo de 2020. Estos datos también han sido verificados a su vez por los municipios interesados.

De esta forma, las ayudas extraordinarias vendrán a cubrir gastos como la distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno; adquisición y distribución de alimentos y material de higiene y sanitario; además de otros productos básicos y actividades esenciales para atender las necesidades de la población residente en los asentamientos. Igualmente, también se podrán destinar a los gastos que ya haya realizado el municipio desde la aprobación de las medidas de confinamiento por el Estado.

Exenciones en el pago de tasas portuarias y pesqueras

Por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, el nuevo decreto ley reducirá las cargas tributarias y administrativas a los agentes que operan en el sector portuario. En los puertos de competencia autonómica existe un importante tejido industrial y empresarial que ha visto paralizada totalmente su actividad como consecuencia de la declaración del Estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, el sector pesquero que opera en los puertos también ha visto mermada su actividad en estas circunstancias. En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social portuario para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible rebote de la actividad.

A tal fin, mediante el Decreto ley de medidas de apoyo tributario al sector portuario y de agilización de actuaciones administrativas para luchar contra los efectos del coronavirus se establecen una serie de medidas para reducir las cargas tributarias y administrativas a los agentes que operan en el sector portuario que sufragará con tesorería propia la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Por ello, se aprueba la exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector pesquero durante el Estado de alarma, así como al sector industrial y hostelero portuario. En concreto, entre el 14 de marzo de 2020, como máximo, hasta el 14 de junio de 2020, si permaneciera la situación de alarma en esta última fecha. Además, se posibilita el fraccionamiento de liquidaciones correspondiente a la anualidad 2020 y se ponen en marcha medidas de agilización administrativa en los procedimientos para otorgar títulos para la ocupación del dominio público portuario.

Ayudas a los autónomos

El decreto ley recoge también la puesta en marcha de una ayuda de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Estas subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros, tienen el objetivo cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como por ejemplo las cuotas de la Seguridad Social, a pesar de la merma patente de sus ingresos.

Igualmente, la medida pretende complementar las que ya se han adoptado a nivel nacional, y llegar a parte del colectivo que no se está beneficiando de algunas de ellas, como la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde el día siguiente a la publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del decreto ley, y hasta quince días después de declararse finalizado el Estado de alarma o hasta que se haya agotado presupuesto. En total, se prevé que más de 150.000 trabajadores por cuenta propia podrán acogerse a esta ayuda de 300 euros, que se cobrará en un solo pago y es compatible con otras ayudas que reciban los autónomos, salvo la prestación excepcional por cese.

Certificados de discapacidad y de tarjetas de aparcamiento

Por su parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación incorpora a este decreto ley una modificación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía para el desarrollo de la Historia Social Única Electrónica que ahora pasa a denominarse ‘CoheSSiona’. Con ella se garantiza la interoperabilidad general del sistema público de servicios sociales de Andalucía, puesto que este instrumento supone la consolidación en un único repositorio de las diversas prestaciones y procesos de intervención social recibidos por las personas usuarias.

Por tanto, se hace efectivo un modelo integrado de gestión de los servicios sociales, lo que tiene un importante significado en la optimización de los recursos dado el elevado número de agentes intervinientes en el sistema como las administraciones local y autonómica y las entidades privadas proveedoras de servicios.

‘CoheSSiona’ comprende la gestión de todas las prestaciones y servicios en materia de protección de menores, de atención a las familias, de personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, de vulnerabilidad social o exclusión social, así como en las actuaciones en que se protejan intereses de personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente.

La información contenida en el sistema ‘CoheSSiona’ podrá ser compartida con otros ámbitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de otras comunidades autónomas, de la Administración General del Estado y sus entes instrumentales, así como con el ámbito europeo.

Por otra parte, la Consejería de Igualdad ha destacado que la declaración del estado de alarma no puede cercenar, en ningún caso, la efectividad del reconocimiento y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Por este motivo y teniendo en cuenta que esta situación obstaculiza la presentación, tramitación y resolución de solicitudes de revisión cuyo plazo expiraría durante este periodo, se adopta la media extraordinaria de prórroga automática de la validez de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad y de la tarjeta acreditativa por el plazo de un año.

De igual modo, se prorroga la vigencia de las tarjetas de aparcamiento de vehículos que deban ser renovadas durante el periodo del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas por un plazo de seis meses. Con esta medida, se evitan las sanciones que podrían derivarse a partir de su finalización. Esta media de prórroga automática no podrá implicar perjuicio alguno para las personas con grado de discapacidad reconocido a la hora de solicitar la revisión de reconocimiento, valoración y calificación por agravamiento.

Finalmente, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado la flexibilización de la ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas. De esta forma, se permite que los gastos de personal imputado al proyecto sean considerados subvencionables siempre que se justifique la realización de la actividad en el periodo de ejecución una vez levantado el Estado de alarma.

De esta manera, se evita un impacto negativo tanto en las entidades como en las personas beneficiarias de los programas durante el periodo en que la actividad haya quedado en suspenso como consecuencia de la crisis sanitaria.

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