Huelva

La Junta de Andalucía invierte 2.500 millones en la protección de los niños y niñas

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha redactado esta nueva norma con el objetivo de incorporar los cambios sociales que se han producido en los últimos 20 años.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado hoy el compromiso del Gobierno andaluz en la atención a la infancia, que tiene su reflejo en en anteproyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía aprobado esta semana en Consejo de Gobierno y en el que se recoge un presupuesto de 2.500 millones. “Sanidad y Educación soportan el grueso de la inversión, ya que estamos hablando de cuestiones como el acceso a la sanidad, las vacunas, la atención temprana o el derecho a la educación y la gratuidad de recursos para familias en riesgo de exclusión”, ha explicado la consejera. Pero también, ha añadido, “desde Fomento, para hacer nuestras ciudades seguras para la infancia y, por supuesto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, desde la que se coordinan todas las políticas de protección, ayudas económicas familiares o renta mínima”.

Así lo ha informado la consejera durante un encuentro telemático mantenido en Huelva con una treintena de colectivos de atención a la infancia, a quienes les ha presentado el anteproyecto de Ley, que ahora inicia su trámite parlamentario. La norma, ha asegurado Ruiz, “nace con la vocación de dar voz a los niños, niñas y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad”. De esta forma, esta nueva norma sustituye a la Ley 1/1998, de 20 abril y para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad durante estos más de 20 años.

Esta ley tiene como objetivo garantizar la protección a la infancia y adolescencia, atender las necesidades que ya venían existiendo, así como las que han ido surgiendo en tiempos más recientes, regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y definir el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil.

Para ello se crea un órgano de participación, el Consejo Andaluz de niñas, niños y adolescentes, donde puedan expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas. Según esta Ley, las personas menores de edad tienen que poder ser protagonistas de sus derechos e iniciarse como ciudadanos y ciudadanas que participen en la sociedad, asumiendo un rol activo, para lo que se les reconoce capacidad y se propicia que adquieran autonomía.

Igualmente, la ley aborda el derecho fundamental a ser oído y escuchado que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero modificó. Los interlocutores del menor deben interpretar y atender lo que tiene que decir y ello en función de su suficiente madurez y, en todo caso, cuando tenga doce años de edad.

Rocío Ruiz ha insistido en la ley pretende atajar las situaciones de desprotección y desamparo de los menores y que se convierta en un instrumento par ala lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, ha asegurado que “la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en el ordenamiento jurídico es una de las más complejas por la rápida evolución de nuevos escenarios de comunicación y de difusión de imágenes de hoy en día”. Por ello, la Administración de la Junta de Andalucía adquiere el compromiso de diseñar estrategias que ayuden tanto a los padres, madres y tutores como a la comunidad educativa para afrontar y gestionar las situaciones que se derivan de estos espacios virtuales: redes sociales, consumo, juegos de azar y apuestas, ocio, videojuegos, etcétera.

En relación con la atención residencial, se define un modelo donde priman la calidad y calidez de las actuaciones, se establecen unos límites mayores que en la normativa estatal en coherencia con la apuesta decidida de esta Comunidad por el acogimiento familiar.

Por otro lado, se limita la edad para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad mínima de 13 años; se regula la obligatoriedad de los seguimientos postadoptivos tanto en casos nacionales como internacionales con una periodicidad semestral al menos; y se establece que las entidades públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente para menores que se encuentren con una medida de protección, que comenzarán al menos dos años antes de su mayoría de edad y hasta los 25 años.

En cuanto a la lucha contra la pobreza infantil, Ruiz ha asegurado que “en Andalucía uno de los principales problemas es la pobreza infantil, un 30% de la población andaluza, de ellos casi 800.000 niños, están en una situación terrible que hay que prevenir y esta ley va a ser nuestro marco legal para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión, a intentar frenar esas situaciones de pobreza heredada durante generaciones”.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al objeto de la planificación de estas actuaciones, dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia de cuatro años de duración que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Este plan contará con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y con la participación de la ciudadanía, entidades de iniciativa social y, especialmente, con la infancia y adolescencia.

La ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía se compone de 141 artículos distribuidos en 6 títulos, 10 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

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1 Comentario

  1. No sé por qué se empeñan en decir a cada momento, la expresión «…niños y niñas…»; cuando en la primera palabra, «niños», al ser una palabra cuyo número es el plural, gramaticalmente hablando, van incluidos los dos géneros. Una de las características fundamentales del lenguaje, es el ahorro en el uso de palabras que no hacen más que alargar las expresiones. Por eso, en este caso, se debe poner solamente, la palabra «niños». De verdad, cada vez entiendo menos a estos políticos que ni siquiera saben hablar. Si no, fíjense en las ministras de este gobierno frankestein, como la Carmen Calvo, cuando se inventa una nueva palabra, como es «expertitud». Al parecer, es catedrática de Derecho; yo no sé de qué forma ha llegado a tanto, pues si hubiera estudiado el bachiller que yo estudié, ni siquiera hubiera pasado del Elemental. En fin, es lo que tenemos, y al parecer, lo que quieren las nuevas generaciones. De pena.

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