El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un decreto que permitirá la legalización de más de 32.200 viviendas que fueron construidas en su día en la provincia de Huelva sin cobertura legal.
Son viviendas consideradas en el lenguaje administrativo como AFO (asimilado fuera de ordenación) y que en Andalucía llegan a las 327.000.
El Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares pretende poner fin a la alegalidad en la se encuentran estos inmuebles en suelo no consolidado (esto es, carente de planificación) y al margen de la legalidad urbanística.
Los afectados tendrán que dar un primer paso y pedir a los Ayuntamientos acogerse a esta regulación. No obstante, las viviendas situadas en zonas protegidas, en los primeros 100 metros de costa o sobre las que pesen sentencias firmes, quedan fuera del decreto.
Para las que están en zonas inundables hay excepciones si los dueños acometen las costosas obras para evitar el riesgo de inundaciones.
En la provincia onubense, la Sierra de Aracena es la zona en la que se contabiliza el mayor número de viviendas de este tipo.
