El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha aclarado en el Parlamento que el Gobierno andaluz ha respetado en todo momento las recomendaciones del gabinete jurídico relativas a cualquiera de las causas judiciales en las que la Junta está personada, pero que el Ejecutivo regional ha pedido que "se investigue el núcleo del fraude" en el caso de los avales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Según ha explicado Bendodo, el Gobierno autonómico centrará sus esfuerzos en "casos en los que se puedan depurar responsabilidades, dejando a un lado los que no son objeto de la investigación" judicial. "Un criterio que sigue la línea de la Fiscalía y que coincide con el interés general de los andaluces", ha añadido el consejero, convencido de que se trata de "investigar el fraude de manera ágil" y en aquellos casos en los que "se pueda recuperar el dinero" supuestamente malgastado por la falta de controles que pudiera ser achacable a anteriores gobiernos socialistas.
Desde la Junta de Andalucía se ha subrayado ya la firme decisión que existe de recuperar hasta el último céntimo defraudado a las arcas públicas.
Bendodo ha defendido igualmente que el Gobierno andaluz actúa siempre dentro de la legalidad y ha cumplido todas las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), incluido en lo relativo a la campaña de balance de los 100 días que se ha hecho con medios propios y no ha costado nada a los andaluces. Así ha sostenido que el Gobierno andaluz es "extremadamente respetuoso con la Justicia y con el ordenamiento jurídico", lo que no ha impedido, de otro lado, que trabaje ya para tratar de recuperar el dinero malgastado en procesos judiciales que se abordan en la actualidad en juzgados de la comunidad.
El titular de la Consejería de la Presidencia se ha referido en el Parlamento en concreto al ya citado caso de los avales vinculados a la Agencia IDEA, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares.
