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La negligencia criminal del Gobierno

Recientemente ha llegado al Tribunal Supremo la tercera Querella Criminal que el Gobierno de España carga a sus espaladas, interpuesta por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL). Concretamente, se dirige contra Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa, ministros de Interior y de Sanidad, respectivamente, por Homicidio Imprudente, delito regulado en el artículo 142 del Código Penal. Se suma a la interpuesta por CSIF contra el Ministro de Sanidad por Homicidio Imprudente, Lesiones y Delitos contra los Derechos de los Trabajadores (infracciones en las normas de prevención); así como a la del abogado Víctor Valladares que, de manera independiente, denuncia al Gobierno esencialmente por de Delito de Prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Con este panorama, y sin perjuicio de las que pudieran llegar por responsabilidades derivadas, está claro que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un panorama agitado en los tribunales, lo que pondrá a prueba una vez más si nuestro Poder Judicial es tan independiente como dicen que es.

Evaluar la responsabilidad del Gobierno en todo esto parece estar convirtiéndose en un deporte de riesgo, toda vez que los aparatos de comunicación al servicio de este han jugado a la criminalización de cualquiera que se atreva siquiera a insinuarla. Dentro de los símiles bélicos que tanto gusta emplear ahora, en una lucha que se presenta como una ‘guerra’, el Ejecutivo recurre a la táctica de identificar como ‘derrotistas’, ‘desleales’ o ‘quintacolumnistas’ a los que han expresado la más mínima crítica hacia la actuación gubernamental, pasando un (es)tupido velo sobre los aspectos más oscuros de su proceso de toma de decisiones. No en vano, hasta el día de hoy se ejerce una inasumible censura ‘a priori’ sobre las preguntas que pueden realizar los medios en las ruedas de prensa que se ofrece el Gobierno. Bravo por el ABC y El Mundo, que se han atrevido a dar un paso adelante ante la estrategia torticera de ofrecer la información con cuentagotas a los ciudadanos y de impedir que los medios de comunicación e información, como expresión de la libertad democrática de su pueblo, puedan pulsar cuantas veces estimen necesario las teclas de los nervios gubernamentales hasta hallar lo que es a la vez su deber y su razón de ser: la verdad.

Dicho esto, y a pesar del ‘terrorismo ideológico’ desatado por los voceros del régimen, con sus periodistas, comentaristas, influencers y medios comprados, vamos de lleno a analizar si el Gobierno tiene efectivamente o no algo por lo que responder. Siendo como es esta una materia compleja, valoraremos una serie de datos objetivos primero para ponerlos en relación con cómo ha reaccionado el gobierno coalición PSOE-Podemos:

1. El 31 de Enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Coronavirus como ‘Emergencia Mundial’. Ese mismo mes la economía china ya se había detenido tras un número creciente de casos diagnosticados: ante este panorama, la principal preocupación del Gobierno del país, así como del resto de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, a los que hay que sumar a la mayoría de las principales fuerzas políticas, fue evitar el escándalo (‘miedo’) y cortocircuitar cualquier llamada racional a la preparación de medios sanitarios.

2. Italia, a inicios del mes de marzo, ya contaba con 5.000 contagiados dentro de sus fronteras. En España, para el día 1 de marzo ya se habían diagnosticado 83 personas contagiadas: el Gobierno se abstuvo tanto de informar oficialmente a la población como de organizar el acopio de material sanitario (mascarillas, guantes, ventiladores, ropa protectora para los médicos) en previsión de una expansión descontrolada del virus, como de hecho sucedía en el país vecino.

3. El 7 de marzo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, exhortó a la población a acudir a la Manifestación del 8-M. Como igualmente hicieron Carmen Calvo, Viceministra primera y Ministra de Presidencia (dijo concretamente que a las mujeres ‘les iba la vida’), sus medios de comunicación afines y, entre otros, los líderes de VOX, que no dudaron en celebrar el mismo día 8 de marzo su propio baño de masas. En esos momentos España contaba ya con alrededor de 600 contagiados y 17 muertos.

4. Al día siguiente, 9 de marzo, el mismo Gobierno que tan sólo hasta un día antes había estado orquestando una gigantesca campaña de propaganda para hacer del Día Internacional de la Mujer un acto político y sacar a la gente a la calle, dio un giro de 180 grados y urgió a tomar medidas ante el desastre que se avecinaba. Al final de esa misma semana se decretó el Estado de Alarma y los españoles quedaron confinados en sus casas mientras los contagiados y los muertos se incrementaban de manera espeluznante.

5. Las primeras medidas mínimamente efectivas fueron tomadas por las Comunidades Autónomas sin coordinación ni entre ellas ni con el Gobierno central. Por otra parte, el Estado de Alarma fue anunciado por Pedro Sánchez 24 horas antes de que entrara en vigor, dando oportunidad a que miles de contagiados se desplazaran libremente por todo el país hasta que un día después ya no pudieron hacerlo.

Desde entonces, el Gobierno no ha cejado en perseverar en el hecho de que ‘hubiera’ actuado de otra manera de haber tenido constancia de la gravedad de la situación. Pero, a la vista de los datos, es obvio que se trata de una falsedad, aunque sólo fuera porque Fernando Simón es miembro del órgano rector del Centro Europeo de Enfermedades, que ya el día 2 de marzo desaconsejó la celebración de actos masivos. Fue este mismo individuo quien -como hemos visto- emplazó a los ciudadanos a ir a la manifestación del día 8, y que ese mismo día, en rueda de prensa, descartó el contagio incontrolado y generalizado en el país. Las pruebas son más contundentes al acudir a un testigo de excepción: el mismo Ministro Pedro Duque, que en la penúltima semana de marzo reconoció ante los medios que la gravedad del coronavirus era conocida por el Gobierno desde el mes de enero, o lo que es lo mismo, desde que China inició las medidas de confinamiento y la OMS lanzó su alerta.

A lo anterior hay que sumar, como otra prueba de cargo, la destitución por parte del Ejecutivo de Sánchez de José Antonio Nieto, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, debido a que firmó una instrucción por la cual se recomendó a los agentes el empleo de guantes y mascarillas en el control de los vuelos procedentes de China, así como evitar tanto aglomeraciones como el contacto con personas que presentasen síntomas. Desde el mismo mes de enero la Policía Nacional acredita que se pusieron en marcha medidas para dotar a su vez de guantes y mascarillas a sus propios agentes. No debió sentar muy bien al Gobierno que, pese a tener ya los datos en la mano, fulminó de su puesto a Nieto y continuó con su agenda política inalterada. Lo que no impidió -dicho sea de paso- a algunos ministros del Gobierno acudir con guantes de látex a las manifestaciones del 8 de marzo.

El grado de improvisación fue tal que se ha materializado de una de las más vergonzosas maneras posibles: los test rápidos para localizar los contagios, que se adquirieron rápidamente y sin las precauciones adecuadas a una empresa china que no estaba en el listado de vendedores oficiales del Gobierno chino, según la Embajada de este país en Madrid. En consecuencia, cientos de miles de test defectuosos pagados con dinero público que debieron ser casi literalmente arrojados por la borda porque no servían para nada. En una muestra de bisoñez política que para los anales quedará. Como su negativa a permitir que los periodistas pregunten libremente, sabedores de que se hallarán contra las cuerdas de encontrarse en ese brete.

Llegados a este punto, no cabe sino concluir que existen más que fundados motivos para entender que el Gobierno -o, al menos, algunos de sus ministros- puede ser responsable de los delitos que se les imputan, principalmente el Homicidio Imprudente y la Prevaricación Dolosa. No puede calificarse como otra cosa que negligencia criminal el hecho, que a estas alturas no puede hurtarse a la opinión pública, de que el Gobierno aun teniendo los datos en la mano y sabiendo de la gravedad de todo lo que se venía encima, desoyó todas las advertencias y no decretó el Estado de Alarme antes para poder sacar rédito de la Manifestación el 8-M. Aun a costa de exponer la vida de millones de personas. Por lo tanto, no en este momento, en el que todos los esfuerzos han de ponerse al servicio de la superación de la crisis; pero sí más tarde, todo este desastre deberá acabar con una generación entera de políticos y dar lugar como consecuencia a la evacuación de las correspondientes responsabilidades penales. Sería, creo yo, lo mínimo en una sociedad democrática.

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