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La propietaria del inmueble de la familia desahuciada en Ayamonte se defiende y dice que la deuda era mayor

La propietaria de la vivienda de la que la semana pasada fue desahuciada una familia en Ayamonte en alquiler desde 1976 por una deuda, según los inquilinos «falsa» de tres meses de alquiler en 2012, ha defendido la legalidad de su actuación en el caso y ha precisado que la deuda de éstos era mayor de lo que ellos alegan.

En un comunicado remitido por la familia de la propietaria del inmueble a Europa Press, tras mostrar su «más absoluto respeto a las decisiones judiciales», realizan un relato de los hechos que comenzaron en octubre de 2013. Han precisado que en ese momento solicitaron el pago de varios recibos, entre ellos del IBI, así como de la renta de los meses de febrero, marzo y abril de 2012 y la subida del IPC de las rentas.

Así las cosas, han indicado que se interpuso demanda de desahucio en enero de 2014, «fundándose en la falta de pago de lo requerido, elevándose la cantidad reclamada a los 886 euros».

Del mismo modo, han explicado que antes del juicio el juzgado de Ayamonte «comunicó a la inquilina que podía pararlo si hacía frente al pago o lo depositaba en el juzgado o en la notaría». No obstante, «no lo hizo». En concreto, han apuntado que la inquilina realizó una serie de pagos, como el IBI pendiente o la tasa de basura, pero «faltaba la renta de los meses de febrero, marzo y abril de 2012».

Tras dictar el juez sentencia a favor de la demandada, esto llevó a la propietaria a recurrirla ante la Audiencia Provincial que le dio la razón en febrero de este año, «estimando íntegramente la demanda de desahucio y condenando a la inquilina a dejar el inmueble». La sentencia, según prosigue la familia, se basa en «la falta de pago» de la inquilina.

Además, han asegurado que en la demanda aportaban documentos facilitados por la entidad bancaria relativos a la cuenta de la propietaria en la que constan los ingresos realizados por la inquilina referentes al pago de las rentas e impuestos de 2000 a 2013, y en los que faltan los pagos de las rentas reclamadas; en uno de ellos la entidad bancaria «omitió estampar el sello de la misma».

Igualmente, la familia de la propietaria ha considerado que la parte demandada solo se acuerda de este documento una vez que la sentencia es firma. La familia desahuciada alega que el mismo fue «manipulado» y presentaron demanda por falsificación documental, pero desde la propiedad inciden en que se ha aportado al juzgado de Ayamonte un documento «con el mismo contenido sellado por la entidad bancaria y que demuestra que no existe falsificación alguna».

No obstante, argumentan que «si fuera cierto lo que sostienen, que ingresó la renta de los meses reclamados, ella sabrá entonces cuándo y en qué cuenta fueron ingresados» debido a que en la cuenta de la propietaria «no aparecen».

Por último, desde la familia han querido dar las gracias a «aquellos que les han mostrado su respeto por la sentencia de la Audiencia» ya que «la misma debe ser justa y conforme a la ley».

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