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La salud de los reclusos, en grave peligro, por la falta de médicos

(Firma: ACAIP-Huelva) ACAIP ha denunciado esta situación a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Consejería de Salud y Familia, Defensor del Pueblo Andaluz así como la inspección de trabajo las condiciones labores en la que están trabajando los facultativos del centro penitenciario.

Pasan los meses y la administración penitenciaria no termina de solucionar el grave problema de déficit de personal que hay en el centro penitenciario de Huelva así como el resto del territorio nacional.

Actualmente la plantilla de médicos en el centro se ha reducido a cuatro para atender a una población reclusa de 1200 reclusos.

La situación es tan caótica que hace más de seis meses que se han tenido que suspender la realización de consultas médicas a la población reclusa ante la falta de personal. Solamente se atienden urgencias.

Y, por tanto, la administración penitenciaria no garantiza la atención sanitaria y especializada que necesita una población reclusa, derecho recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria donde un número importante padece enfermedades crónicas o psiquiátricas que necesitan un seguimiento sanitario continuo.

Y es que como hemos venido denunciando, el caos que actualmente se vive en el módulo de enfermería (por donde pasan más de 200 internos todos los días poniendo en grave peligro la seguridad del centro), las situaciones de graves urgencias ( graves intoxicaciones de estupefacientes o incidentes regimentales), la presión psicológica con la que están trabajando a diario, hace que la asistencia sanitaria que se presta en el centro penitenciario de Huelva se asemeje a una zona de conflicto bélico. Y como no se tomen medidas drásticas , habrá, en un plazo muy breve, perjuicios muy graves para la salud de la población reclusa y la integridad de los trabajadores.

Por este motivo ACAIP ha denunciado esta situación ante la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a Jesús Aguirre Consejero de Sanidad y Familia de la Junta de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz porque entendemos que se está poniendo en peligro la vida de la población reclusa y la tranquilidad de sus familias.

Y, como no puede ser de otra manera, a la inspección de Trabajo porque los facultativos no sólo del centro penitenciario de Huelva sino el resto del territorio nacional están desempeñando su trabajo en una condiciones laborales paupérrimas que necesitan una especial protección de la autoridad laboral.

Resolver este grave problema no solo pasa por lo económico sino pasa también por voluntad política de buscar soluciones a un problema en la que da la sensación que la estrategia de Instituciones Penitenciarias (dirigida por el Sr. Ortiz y refrendando por el Ministro Grande-Marlaska) es que el problema se agrave más que solucionarlo y fiar o forzar la solución a un traspaso de competencias sanitarias penitenciarias a las comunidades autónomas (Incluso desoyendo autos de la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Huelva en la que confirma que la administración penitenciaria no presta la asistencia sanitaria necesaria a la población reclusa), olvidando que lo que está en juego principalmente es la vida de las personas recluidas.

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