El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, han informado a los alcaldes y representantes municipales de la provincia de Huelva de los detalles del decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares aprobado por el Ejecutivo andaluz y que abre la vía para resolver una problemática que afecta a más de 32.000 familias que se estiman que viven en viviendas irregulares en la provincia de Huelva.
Raynaud asegura que “dicho Decreto, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, pone fin al caos urbanístico existente y pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites”.
Según la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, “en nuestros municipios existe un grave problema generado por aquellas edificaciones construidas al margen de la legalidad urbanística y sobre las que ya no es posible actuar por lo que no tienen garantizadas unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad”. Asimismo, ha expresado que este decreto “no es una amnistía, ya que la Junta será muy escrupulosa sobre todo en lo que afecta a la protección ambiental que en nuestra provincia tiene una especial importancia”.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio estima en 32.440 viviendas ilegales en la provincia de Huelva, un 11% de las de toda Andalucía, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506) Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232).
El Decreto amplía la declaración de asimilado a la de fuera de ordenación AFO que permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado así como realizar otras obras de reparaciones. Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (6 años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.
Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
