Firmas

La solidaridad del Covid-19

(Firma: Javier Vállez)

Desgraciadamente hoy nadie duda que el COVID-19 es un tema de actualidad, no obstante, tampoco es menos cierto que el llamamiento a la solidaridad se está convirtiendo poco a poco en el medio divulgativo y justificativo por excelencia dentro de todos los ámbitos conocidos de la sociedad: economía, justicia, derecho, política, etc.

Nótese la diferenciación que hago entre derecho y justicia porque, incluso cuando el caballo de batalla o idea de justicia debería haber sido una política social y fiscal adecuada, se ha preferido utilizar el eufemismo de la solidaridad para enmascarar una realidad que puede llegar, a través del derecho, hasta la expropiación individual más propia de regímenes teórico-incongruentes como puedan ser la dictadura militar, el comunismo o el fascismo, cuyo nexo de unión enaltece o se basa en ideologías totalitarias, las cuales no solo se alejan de la justicia sino que además pretenden únicamente separar a una población que hoy necesita estar más unida que nunca.

Centrémonos ahora en echar un pequeño vistazo hacia atrás, pues desde que el 14 de marzo de 2020 se decretara el estado de alarma con el RD 463/2020, no hemos sido conscientes de cuan azul es el cielo que ahora observamos irremediablemente desde nuestras ventanas, o terrazas para quien tenga esa suerte.

A los trabajadores asalariados se les ha permitido, como medida solidaria, obtener prestaciones de desempleo sin necesidad de cumplir un periodo de carencia, es decir, casi sin requisitos mínimos, pero lo mejor de todo es que a día 2 de abril del presente año se ha aprobado que algunas entidades de crédito puedan adelantar el pago de la prestación (¿confirming?); al menos, así lo anunciaban estos días algunos medios digitales de El País, El correo o La Vanguardia como “una medida más para ayudar a las familias a mitigar el impago de la crisis sanitaria por el coronavirus”. Curiosamente utilizan el término familias, lo que incluiría a trabajadores asalariados, empleadas de hogar, autónomos, emprendedores, etc.; aunque discúlpenme por incluir a autónomos o emprendedores como familias, se me había olvidado su exclusión de todas las medidas citadas, aunque también “podrían” obtener otras ya calificadas como insuficientes por algunos especialistas en la materia.

Conviene también recordar que a la hora de abordar una estrategia política urgente es necesario observar que nos encontramos en un país donde las pymes se posicionan, según fuentes del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB), Eurostat y los datos estadísticos del INE para España en marzo de 2019, con un resultado nada desdeñable del 99,8% del tejido empresarial (lo que incluye el productivo y económico) y son generadoras de un 65,9% del empleo; una de las razones por las que han sido calificadas como “el auténtico motor de la economía española”. Además, no olvidemos que el emprendimiento es un modelo de negocio que nos han ofrecido como solución de futuro aquellos que ahora los “desprotegen”, incluso cuando se ha reconocido que han fomentado la creación de gran parte de esas pymes. Recordemos las palabras que el presidente del BBVA, Don Carlos Torres Vila, afirmó en la inauguración del “International Selection Panel” de Endeavor en 2019: “el emprendimiento es el alma de la sociedad y el motor para crear el futuro, para responder mejor a las viejas preguntas y a los retos; y para dar respuesta a las nuevas preguntas que nunca antes se han planteado”.

Dicho lo anterior, no voy a aburrirle con un repaso a todas las medidas que se han ofrecido a dicho colectivo, es decir, a los trabajadores no asalariados o por cuenta propia, no obstante resulta ilustrativo conocer que tienen prestaciones como el cese de actividad a cobrar dentro de varios meses (aquí no adelantan los bancos), la obligación de presentar los impuestos y cotizaciones (aunque no se trabaje), los aplazamientos para el pago de dichos impuestos (sin intereses los 3 primeros meses pero a partir del 4º sí), limitar el despido objetivo por “causa justificada” del COVID-19 (donde dije digo…, para fomentar una mayor indemnización a los asalariados), prohibir la solicitud de concurso hasta dos meses después de superado el estado de alarma (no pueden liquidar la empresa mientras dure el estado de alarma), entre otras suculentas medidas; no olvidemos que son el motor del país.

Tampoco puedo evitar repasar brevemente el Expediente de Regulación Temporal del Empleo aprobado por el Gobierno, comúnmente conocido como ERTE, siendo la primera de las medidas ofrecidas para “ayudar” a este colectivo o ¿cómo convertir un derecho en un arma de doble filo? Si se observa detenidamente digo convertir, porque curiosamente es una figura que se ha vendido como novedosa (o solidaria con las empresas y autónomos) pero que realmente ha existido en nuestro derecho laboral desde que se publicara el Estatuto de los Trabajadores por primera vez.

En definitiva, lo que se ha hecho ha sido reducir los plazos y se ha obligado a las gestorías profesionales (ahora servicio esencial) a realizar los trámites propios de la administración, o al menos indirectamente. Podría decirse que me siento afortunado de no haber sido afectado por este instituto jurídico, no soy asalariado, pero optar por un ERTE más rápido (una semana frente a las 2 o 3 si todo iba bien) con el compromiso de mantener el empleo 6 meses a aquellos trabajadores afectados por el mismo implicaría que cuando toda España esté levantando cabeza, los no asalariados deberán contar con dicho personal para no incurrir en una ilegalidad; aunque no se haya trabajado ni se hayan obtenido ingresos durante todo el periodo de alarma. ¿Justicia o Derecho? ¿Solidaridad?

Quizás ahora no sorprende por qué ha subido el paro en nuestro país en unas 300.000 personas o el porqué de la pérdida cercana a los 834.000 empleos. Resulta una obviedad que las pymes son de las empresas más perjudicadas, aunque tampoco preocupará mucho a esas personas que tienen garantía para el cobro de sus deudas (bancos, salarios…) según los privilegios otorgados por nuestra Ley Concursal, también muy parcheada en la sombra, que desgraciadamente puede perjudicar a otros acreedores (no asalariados) que se verán obligados a cerrar porque no recibirán ese dinero por el que debieron pagar sus impuestos durante el estado de alarma; facturas rectificativas aparte.

Efectivamente, si recordáis lo que dije al principio, es justo que todas las personas que nos hemos visto sometidos a la aplicación práctica de nuestra Constitución de 1978, recibamos ahora una respuesta por parte de aquellas personas a las que hemos permitido estar en El Gobierno, con una regulación de acceso un tanto polémica, sin que tengamos el deber jurídico de soportar amenazas en aplicación del art. 128 de la Constitución, es decir, sin que el Sr. Iglesias nos recuerde que podría haber “sacrificios a algunos particulares para que el interés general de la patria funcione”, más aún cuando se aprueban nuevas dotaciones presupuestarias millonarias a los medios de comunicación privados (casualidades del art. 46 del RD Ley 11/2020, de 31 de marzo), en vez de suplir al interés de nuestros héroes (médicos), quienes ya reciben ayuda privada y desinteresada sin amenazas de por medio. ¿Justicia o Derecho? ¿Solidaridad?

Quizás debió haberse detenido en los principios de la política social y económica del art. 40 de nuestra Constitución y no haber ido tan lejos, pues allí se habla de la redistribución de la renta personal “equitativa” o la estabilidad económica, lo cual me recuerda a los comentarios del Sr. Abascal respecto del salario medio del país, unos 2.000 euros, que ya me gustaría a mí saber dónde pagan eso, aunque probablemente haya tenido en cuenta un sueldo base de 2.972,94 euros (sin complementos) que apunta al de nuestros diputados y de ahí su razonamiento. Sea como fuere, este tema no les resulta importante y es mejor tener 128 razones de expropiación privada sobre los ahorros de quienes ayudaron a levantar un país que ahora se estremece. ¿Repetimos las preguntas?

Decía Jean Cocteau: “no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría”, no se me ocurre mejor manera de atajar de raíz un problema de justicia o la mal llamada “solidaridad” pues, lejos de ser conscientes de ello, inundaba los pensamientos de todos aquellos que consumimos contenido digital a todas horas (donde me incluyo); algo normal con tantas horas de confinamiento. Por ello, os invito a seleccionar lo que vemos, oímos y callamos porque para ser solidarios, en el sentido más amplio de la palabra, debemos comprender que todos pagamos facturas de luz, agua, comunidad, etc. pero sólo algunos debemos seguir pagando por “no trabajar” y es aquí donde distinguiremos entre lo que es justo y lo que solo es derecho, pero sobre todo así seremos capaces de evitar ser egoístas.

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