La Unesco advierte da dos años para solucionar el problema del agua en Doñana

La Unesco ha dado a España este pasado miércoles dos años para que solucione el problema con el agua y con los pozos ilegales. Así, advierte, nuestro país tendrá hasta 2021, cuando el organismo europeo volverá a evaluar el cumplimiento de las medidas contra el uso ilegal del agua y para que implante un conjunto de medidas para la mejora de la situación de este enclave que forma parte de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

La decisión ha sido adoptada durante la 43 sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad en Baku (Azerbaiyán). El organismo considera que el uso del agua es el principal problema para mantener la integridad del espacio natural, por tanto ha acordado que vigilará la gestión y la planificación del recurso para evaluar su impacto en la biodiversidad del enclave.

El informe de evaluación del estado de conservación de Doñana para la sesión de 2021 será elaborada por el World Heritage Centre, en colaboración con UICN y Ramsar, llevará a cabo una misión internacional conjunta y elaborará el informe.

Además, ha reiterado que el declive del acuífero de Doñana continúa y advierte de que si esta situación no se revierte podría suponer un daño potencial a los actuales valores universales excepcionales que motivaron su declaración como Patrimonio Mundial.

Por ello, se compromete a seguir el proceso por el que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la degradación del humedal de Doñana y la pérdida de biodiversidad. La Unesco cita proyectos que afectan Doñana como el trasvase, sobre el que recuerda que debe contemplar los impactos sobre los valores universales excepcionales.

Reacciones de ecologistas y regantes

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha aplaudido, Cristóbal Picón, ha aplaudido este anuncio de la Unesco y ha destacado la importancia del cuidado del Espacio Natural de Doñana pero ha solicitado recursos de agua superficial para los agricultores del entorno. En este sentido, ha incidido en que «hay que dar una alternativa a los agricultores que tienen su cultivo en zona regable», una circunstancia que pasa por el trasvase al Condado, «cuya ley ya está aprobada y solo necesita que se ejecuten sus obras».

Por su parte, Ecologistas en Acción exige al Gobierno que «aplique la ley» y «no quede en total impunidad la situación que está viviendo Doñana». Así, Juan Romero, miembro en el Consejo de Participación de Doñana de Ecologistas en Acción, ha señalado que grupos ambientalistas y no han hecho esta petición en un manifiesto común, al tiempo que ha indicado que en todos los consejos de participación las organizaciones ecologistas han planteado «la situación de impunidad con que se actuaba».

«Ha habido un incumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia y ahora existe un problema social grave y un problema ambiental gravísimo por el valor universal de Doñana».

Además, ha apuntado que una vez aprobado el Plan de la Corona Norte de Doñana «la situación de ilegalidad y permisividad continuó». «Si hay que exigir responsabilidades, hay que hacerlo a unos por acción, que son los que han abierto esos pozos ilegales, y a otros por omisión, porque no han perseguido la situación de ilegalidad en Doñana durante estos últimos años. La administración pública tiene mucha culpa de haber llegado a esta situación», ha manifestado Romero.