El Avispero

Las negaciones de «San Curto»

El ex concejal del PP, José Carlos Curto, puso en riesgo de intervención al Ayuntamiento de Almonte con su plan de judicializar la gestión de Francisco Bella (Ilusiona), “algo más de 40 millones en resoluciones judiciales”, según han señalado a esta Redacción fuentes solventes desde la localidad almonteña.

La «ineficaz e irresponsable gestión económica realizada por el ex concejal del PP, José Carlos Curto, provocaron la actual crisis económica del Ayuntamiento de Almonte».

Un sinfín de «irregularidades e incumplimientos» ponen de manifiesto la grave situación económica que tiene en la actualidad el Ayuntamiento de Almonte y que las corporaciones posteriores solo la han agravado por «ser parte de un mismo plan», añaden dichas fuentes.

Existen diversos informes rubricados por el Secretario, Interventor y Tesorero de aquella época que «desmienten una a una las excusas del ex concejal». Estos informes no tienen desperdicio, en ellos se aseveran cuestiones de gravedad: “se vuelve a reiterar la necesidad de mantener los vencimientos de deuda pública debidamente regularizados…”. Cuestión esta que confirma, según las fuentes consultadas, que dejó de pagar créditos bancarios a sabiendas de las consecuencias económicas y jurídicas que esto conllevaba.

En otro de los informes firmados por Secretario, Interventor y Tesorero se le advierte al equipo de gobierno que “sobre gastos de letrados y sobre la repetición de forma sistemática de dichos gastos sin acreditarse tal necesidad, y cuyos importes acumulados han rebasado los limites establecidos en la Ley”.

En su proceder, «se prescindía del procedimiento legalmente establecido para dar cobertura a la camarilla que se encargaba de perseguir y judicializar las actuaciones realizadas por Paco Bella en sus diversos mandatos. No era gestión, solo odio».

En relación a lo anterior, los funcionarios espetan que “la excesiva litigiosidad que mantiene el Ayuntamiento de Almonte está comenzando a derivar en un aumento exponencial de las obligaciones a satisfacer por resoluciones judiciales, lo que va a suponer la necesidad de habilitar créditos adecuados para su realización y, por añadidura, la necesidad de destinar fondos para su pago en plazos muy limitados y de muy difícil negociación”.

De aquellos fangos, estos lodos. «Se advirtió en 2015 de la situación insostenible de judicializar el ayuntamiento de Almonte y ninguno de los gobiernos implicados hicieron nada. Hoy sufrimos las consecuencias, 14 millones pagados a través del crédito ICO y otros 30 millones pendientes de contabilizar», recuerdan estas fuentes.

Otra perla manifestada por estos altos funcionarios municipales, que advierten que “como consecuencia del aumento de la presión sobre la tesorería y de la disminución de su margen de maniobra, se están empezando a adoptar decisiones que se estiman muy peligrosas o, cuanto menos, poco recomendadas, como es la falta de atención de obligaciones derivadas de la realización de retenciones salariales y abonos de cuotas empresariales. En estos casos, el aplazamiento de este tipo de obligaciones suponen el abono de intereses y gastos adicionales que suponen que, en realidad, nos encontramos ante operaciones de tesorera encubiertas, realizadas sin el control que estas requieren conforme a lo dispuesto en la normativa sobre haciendas locales”.

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