Cientos de personas se han manifestado este martes en Huelva para exigir unas pensiones dignas y un sistema público de pensiones sostenible. UGT y CCOO, junto a la Plataforma Onubense en 
defensa de las Pensiones Públicas y las Federaciones de Asociaciones de Vecinos y Vecinas Tartesos y Saltés, han declarado que es prioritario que se rectifique la actual fórmula de revalorización de las pensiones y se recupere lo establecido en la ley 27/2011, negociada con los sindicatos, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
El mayor motivo de preocupación de este colectivo de personas mayores es la "incertidumbre" de su futuro inmediato y el de sus hijos y nietos, provocada por la perspectiva de unas pensiones "absolutamente insuficientes, pensiones de miseria" e incidiéndose asimismo en su "desprotección", según ha indicado CCOO en una nota.
Por tanto, es necesario, a juicio del sindicato, "la revalorización anual de pensiones que permita mantener la capacidad adquisitiva y evite el empobrecimiento; la subida de las miles de pensiones que por su escasa cuantía no permiten llevar una vida con unos mínimos aceptables en estos tiempos y la seguridad de que sus hijos también dispondrán de pensiones suficientes en el futuro".
Por ello, UGT y CCOO exigen a los poderes públicos que se recupere el sistema de revalorización de las pensiones según el Índice de Precio al Consumo (IPC) real, incorporándolo a la Ley de la 
Seguridad Social, de manera que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción; que se derogue el llamado Factor de Sostenibilidad; la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013 y recuperar la centralidad del Pacto de Toledo; que las pensiones mínimas se revaloricen hasta llevarlas a una cuantía que permita unas condiciones de vida mínimamente aceptables, por encima de los mil euros mensuales; garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que asegure pensiones suficientes en la actualidad y en el futuro; un nuevo enfoque del envejecimiento, viéndolo como un hecho positivo y no como un problema social; la consideración de que el ciudadano mayor es un ciudadano más y que como tal pueda participar activamente; y el aumento de las políticas orientadas a la autonomía del mayor y al envejecimiento activo, con servicios e instalaciones de acuerdo a sus necesidades.
En este sentido, ambos sindicatos han declarado que en la actualidad hay unos 98.000 pensionistas en la provincia de Huelva y en torno a unos 35.000 pensionistas perciben una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un alto riesgo de exclusión social.
CCOO y UGT también han denunciado los "graves" recortes sufridos en el sector sanitario y la paralización y limitación de la Ley de Dependencia, tras las reformas unilaterales del Ejecutivo del Partido Popular, al tiempo que reclaman un IVA superreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía (gas, calefacción y electricidad).
