Los vecinos y comerciantes de Costa de la Luz se concentrarán mañana por la mañana, a partir de las 10.30 horas, en las puertas de la Audiencia Provincial para exigir el urgente desalojo del inmueble, propiedad de Aliseda, ocupado en la avenida Costa de la Luz.
Esta protesta coincide con la celebración de la vista por la demanda civil presentada por la Aliseda para que sea desalojado el inmueble de su propiedad, un hecho que de seguir los cauces normales tendría lugar el próximo día 26 de diciembre.
No obstante, la Asociación de Vecinos reclama la presencia permanente de las fuerzas seguridad en su barrio debido al incremento de los episodios violentos que se están viviendo en sus calles, máxime cuando los okupas han convertido el local en ‘centro neurálgico’ de drogadictos, prostitutas y gorrillas, creando con ello alarma social porque estas personas tienen atemorizadas a las mil familias que residen allí.
Desde la asociación exigen al Ayuntamiento de Huelva que asuma, de una vez, las competencias que tiene en materia de habitabilidad, salubridad, y que garantice que los suministros con que se están abasteciendo los okupas cumplen con las normativas referente a seguridad, ya que encima de ese inmueble viven 32 familias y están expuestos a que en cualquier momento suceda una tragedia. Recuerda, que si un día tiene lugar un incidente, Dios no lo quiera, la responsabilidad será de las autoridades.
Desde la asociación vecinal vuelven a solicitar a Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, una rectificación al referirse a "la pesadilla" que están viviendo el millar de familias y asegura que "no se dejan llevar por la subjetividad", como el primer edil de la ciudad ha señalado. O acaso es subjetivo que a una persona le abran la cabeza el sábado, que se produzcan constantes robos, o que cuando acude la Policía Nacional tenga que hacerlo con ocho coches patrullas, o que exista una orden de alejamiento de dos okupas y su ‘destierro’ de la calle Punta Umbría por el intento de agresión a una vecina, y así innumerables hechos que se llevan viviendo en el barrio sin que hasta la fecha las autoridades hayan dado ninguna respuesta para acabar con el calvario a que están sometidos desde hace más de dos años.
