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Los vecinos de El Calabacino tendrán cinco años para regularizar sus viviendas

Los vecinos de El Calabacino -Alájar- cuyo juicio se celebrara este lunes por construir una vivienda supuestamente ilegal en la aldea han llegado a un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía pide que se imponga a cada acusado la pena de un año y seis meses de prisión, así como una multa de 1.800 euros, aspectos que ha aceptado la defensa.

Además, la demolición de las casa se ha suspendido y podría no llevarse a cabo si si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa. Por esto, los vecinos se han mostrado «contentos» y han señalado que dependen del Ayuntamiento de Alájar para regularizar sus viviendas. Estos vecinos han indicado que «la Fiscalía reconoce nuestra labor y singularidad y suspende la demolición de la vivienda e insta a los organismos públicos competentes a legalizar».

Aún así, la Fiscalía señala que los hechos son constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio, del artículo 319.1 del Código Penal, de manera que procede imponer a cada acusado la pena de un año y seis meses de prisión; multa de doce meses con una cuota diaria de cinco euros (total de 1.800 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas en caso de impago por insolvencia; así como inhabilitación especial por un año para oficio de promotor-constructor.

El abogado de los acusados, Ignacio Martínez, ha explicado que se ha podido llegar a ese acuerdo porque tanto la Fiscalía como el juez «han entendido que el Ayuntamiento de Alájar está inmerso en una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que puede llevar a la legalización de la vivienda», levantada en superficie del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Por ello, ha añadido, a partir de ahora y durante el período de suspensión de la condena, se trabajará tanto con el Ayuntamiento como con la Consejería de Medio Ambiente para que la vivienda pueda ser legalizada ya que, como ha recordado, «se trata de la residencial habitual de la familia».

Se da la circunstancia de que hay otras 24 familias, que conforman la comunidad de esta ‘ecoaldea’, en la misma circunstancia que ésta y que están a la espera de juicio, por lo que el letrado confía en que en el resto de causas se siga el mismo procedimiento.

La Fiscalía, en su escrito de acusación señala que esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Zona C), por lo que los acusados «no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía».

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