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Marín destaca que el Prelsi situará al sector del fruto rojo como referente de buenas prácticas

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado hoy que el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi) “es un esfuerzo de participación que apuesta por hacer de esta comarca y del sector del fruto rojo un referente de buenas prácticas. Así lo ha indicado en el el acto que ha servido para presentar esta iniciativa y entregar los reconocimientos de Interfresa.

El PRELSI es un plan sectorial pionero en España cuyo objetivo es tener una herramienta de auto mejora donde conseguir el mayor grado de satisfacción de todos los agentes productivos del sector (jornaleros, agricultores, empresas, asociaciones…) y contribuir a un escenario de cooperación con los máximos niveles de respeto, ética laboral y compromiso social entre los gobiernos de España y Marruecos. “Esta iniciativa ha venido a favorecer el entendimiento entre trabajadores y empresarios durante su actividad profesional y a generar un clima de mayor confianza y seguridad”, ha subrayado el vicepresidente andaluz.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha colaborado en la implantación de este plan a través de su Dirección General de Coordinación de Políticas
Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Migratorias. De hecho, la directora general, Mar Ahumada, ha recogido una de las distinciones de Interfresa por su colaboración a la hora de la puesta en marcha del Prelsi.

En su intervención, Marín ha destacado que el Plan de Responsabilidad “contribuye especialmente a promover valores propios de la democracia, como el respeto a las personas y la convivencia, reconociendo la aportación del migrante al desarrollo sostenible”.
El sector del fruto rojo en Huelva genera unos 140.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Directamente en el campo, el número de jornales al año llega a los 60.000. El enorme peso del empleo y la mano de obra inmigrante ha generado un entorno sensible que exige la atención singular de las autoridades y sobre todo la asunción de responsabilidades sociales y laborales para lograr una industria sostenible.

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