"En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña". Pedro Sánchez, tras negar hasta la saciedad en los últimos años que habría amnistía, hoy, por fin, ha reconocido ante los suyos que la habrá. "Cataluña está lista para el reencuentro total", ha dicho con el Comité Federal que el PSOE ha celebrado en Madrid.
Eso sí, el presidente del Gobierno en funciones ha justificado las nuevas medidas de gracia para evitar un Gobierno de la derecha y ha reconocido, ya era hora, que antes de las elecciones no se planteaba la amnistía para ahora: "No era nuestro plan para este momento", ha admitido.
Y como el candidato socialista a la presidencia del Ejecutivo es muy de echar mano de refranes, recuerda que “hay que hacer la necesidad virtud”.
Por si cabía alguna duda de la democracia interna en el PSOE, ese que ahora Felipe González y Alfonso Guerra echan en falta, la dirección socialista, es decir Sánchez y su núcleo duro, ha aprobado la pregunta que formulará a su militancia sobre el pacto con Sumar y por los posibles pactos con "otras formaciones" con las que negocia la amnistía. "¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?", dice la pregunta que el PSOE hará a su militancia, a la que no se le menciona la maldita palabra de la amnistía. Por si acaso.
Se trata, en definitiva, de contar con el aval de la militancia ante las exigencias y prebendas de los nacionalistas catalanes y vascos, entre ellas la amnistía y lo que pueda venir, porque ya algunos que la medida de gracia citada no es el fin sino el principio de sus demandas.
Sin embargo, la pregunta no gusta a algunos. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha que se ha 'erigido' en portavoz de los críticos, lamenta que se trata de una suerte de "juego del rasca".
Y mientras Sánchez vive por y para garantizarse su poltrona otros cuatro años más en Moncloa, algunas de las medidas anunciadas en el acuerdo anunciado con Yolanda Díaz comienzan a poner nerviosos a inversores y preocupar a las pequeñas y grandes empresas.
A muchas pymes no les hace gracia lo de la reducción de la jornada a 37,5 horas por las consecuencias que les acarreará y a energéticas y eléctricas no les gusta, en absoluto, el “impuestazo”.
Y si no, que le pregunten a Josu Jon Imaz, el mandamás de Repsol, que ya ha avisado al Gobierno de Sánchez que la multinacional buscará “alternativas” si no hay estabilidad fiscal para invertir en nuestro país.
El castigo fiscal de la izquierda a las empresas del Ibex 35 ya se cobró recientemente otra ‘víctima’, Ferrovial, que cambió España por Países Bajos.
