La amnistía y la ruptura del pacto constitucional de 1978
Pocos se han percatado de ello entre el fuego cruzado de los reproches políticos y los constantes escándalos que nos salpican, pero hemos vivido un momento histórico. Más importante incluso que el que el Gobierno decidiera aprobar la ley de la Amnistía, es que el Tribunal Constitucional la haya validado. Sólo los más ingenuos podían esperar que prevaleciera la sana crítica. En realidad, se ha tratado de una cuestión numérica: los magistrados afines al gobierno son más que lo que no son de su cuerda. Así de sencillo. Ni filosofía, ni grandes principios del Derecho, ni monsergas, ni cuentos.
Una lástima para todos los que se han formado bajo esos principios y que, alguna vez, creyeron en ellos. Ahora, toda esa ilusión se hace añicos y toca encarar la nueva realidad que se abre en el horizonte: la de la arbitrariedad. El éxito del Estado de Derecho estriba en la existencia de un conjunto de normas que todo el mundo conoce, que generan una seguridad y que proporcionan una confianza en la neutralidad de las instituciones públicas. Todo eso acaba de saltar por los aires, regalando una victoria moral a quienes decidieron romper precisamente ese estado de derecho, forzando unas elecciones ilegales y manipulando el funcionamiento de un parlamento autonómico para imponer normas también ilegales. A sabiendas y con dinero público. El resultado de décadas de coacciones, discriminación y mentiras culmina no sólo con un olvido, sino casi con un ruego de perdón. Pareciera que quienes dieron un Golpe de Estado durante el Proceso independentista fueran los que actuaron correctamente, y que los agentes que fueron allí a sofocar lo que fue una rebelión en toda regla fueran los que violaron la ley.
Un estudio detenido de los votos particulares de la sentencia permite entender mucho mejor qué se esconde detrás de la forma de actuar de quienes se han inclinado por refrendar la agenda gubernamental. Pues básicamente los motivos que esgrimen Pumpido y los suyos para avalar la Amnistía son dos:
1. Que el objetivo de la misma es la paz social y la reconciliación.
2. Que, si la Constitución no le otorga al Parlamento la competencia para aprobarla, hay que entender implícito que sí la tiene.
Y se acabó. A la vez, el propio Pumpido impidió que se analizaran detenidamente las verdaderas razones que había detrás de ella, sabedor de que eran esencialmente prevaricadoras. No podía permitir que en la sentencia se entrara en el fondo, porque ello implicaría tener que enfangarse en un debate que no le interesa para nada y que les obligaría (a la mayoría mal llamada 'progresista') a tener que aceptar que están dando su apoyo a una maniobra política, que se hizo por motivos políticos y que nada tiene que ver con la reconciliación ni con la paz social. Es decir, que están avalando con su voto un embuste de proporciones gigantescas.
La Amnistía se aprobó porque el PSOE necesitaba los votos de los independentistas catalanes para la investidura, y nada más. Fue el precio a pagar. Si hubieran tenido una mayoría, no habría habido Amnistía. Punto.
Con esto en la mano, nadie puede defender que el Tribunal Constitucional no haya prevaricado a su vez, porque saben los juristas que lo componen que la Amnistía es ilegal, que se hizo por motivos ilegales negociando con unos delincuentes al servicio de un prófugo de la Justicia, y que además rompe con la norma básica que preside una Constitución democrática, que no es otra que la igualdad ante la ley. Visto lo visto, cobra mucha fuerza ahora la propuesta, que lleva algún partido político en su programa, de suprimir el Tribunal Constitucional, para trasladar sus funciones a una Sala Sexta del Tribunal Supremo. Porque es ahora, definitivamente, cuando el Estado español ha dejado de ser 'de Derecho' para serlo 'de los Partidos'.