Opinión

Consecuencias jurídicas de la amnistía

Si se aprueba la Amnistía, el Gobierno perderá la legitimidad de exigir hasta el pago de una mísera multa de tráfico.
Sánchez atiende a los medios
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Muchos creen que la Amnistía ya está en marcha. No es verdad. Estaba atada desde el mismo momento en que se supieron los resultados de las elecciones. Todo lo demás son posicionamientos de cara a la galería para manipular a las bases electorales de cada formación política.

Por parte del PSOE, de Sumar, de los nacionalistas y de los independentistas. Dicho esto, es pertinente aclarar que cada actor sabe de lo polémico y de la sacudida social que supone una medida como esta.

El PSOE sanchista ha colonizado ya prácticamente todas las instituciones, especialmente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Lo que quiere decir que avalarán todo lo que les llegue desde el Gobierno o sus socios. Al fin y al cabo, París bien vale una misa.

Ya se han encargado los medios afines a él, a la cabeza de los que se sitúa El País, de hacer rocambolescas piruetas justificativas sin sustento jurídico alguno, buscando falsos precedentes legales y cosas por el estilo.

Nada nuevo bajo el sol. La Amnistía es inconstitucional. Y no es necesario que ningún artículo de la Carta Magna lo diga expresamente para llegar a esta conclusión. Como obviamente también lo es la Esclavitud.

Ni el Gobierno tiene capacidad legal para impulsarla ni las Cortes para aprobarla. Cuestión diferente es el Indulto, que implica un perdón que no elimina el delito ni los antecedentes penales, pero exonera del cumplimiento de la pena.

La Amnistía, por el contrario, quiere decir que ni existe ni ha existido delito. O lo que es lo mismo, que el Poder Judicial actuó de manera arbitraria a la hora de perseguir la comisión de los delitos por los que se condenó a los independentistas. Toda una deslegitimación de la labor de los tribunales, de la Fiscalía, de las acusaciones particulares y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Aprobar la Amnistía no sólo supone bajarse los pantalones ante un delincuente prófugo de la Justicia, sino dar carta blanca -aceptar, si se quiere- al discurso aquél que repite como un mantra que España es una dictadura en el fondo, que no ha variado mucho desde el Franquismo y que en este país se persigue políticamente a la gente.

Lo que constituye no sólo una absoluta falsedad, sino un insulto para aquellos catalanes no independistas que llevan años aguantando que la Generalitat funcione como un reino de taifa pseudo-independiente, que aplica una agresiva política de adoctrinamiento ideológico, sectarismo social e inmersión lingüística.

La cuestión no acaba ahí. Sentado este precedente legal, quienes tienen que cumplir y hacer cumplir la ley pierden cualquier sombra de legitimidad para exigir su cumplimiento. Porque, si se elimina la comisión de un delito por motivos claramente políticos, ¿por qué no se hace eso mismo para cualquier ciudadano que delinca? ¿Se hará esto sólo para delincuentes que tengan un valor para el político de turno, o para delincuentes comunes también? ¿Deben los ciudadanos meterse en política para delinquir impunemente? El mensaje es claro, y la ruptura del Estado de Derecho, igual.

El que Yolanda Díaz, Vicepresidente del Gobierno y Ministra de Trabajo, haya acudido a reunirse con un delincuente como es Puigdemont, es una muestra del nulo respeto por la legalidad que tiene el gobierno actual. Que antepone la voluntad política a cualquier cosa.

Si esta visión se generaliza entre todos los españoles y entre la mayoría de su clase política, ni las leyes, ni los tribunales, ni los frenos al Poder, valdrán nada. Y, llegados a este punto tras una erosión lenta pero permanente, el camino para la ruptura del sistema democrático estará servido.

Porque no hay que olvidar que la Democracia no debe concebirse sólo como votar cada cuatro años, sino también como la garantía de los derechos individuales y colectivos, y el freno a los abusos y a la arbitrariedad de los gobernantes.