Recientemente la sociedad asistió estupefacta a que el Tribunal Constitucional rebasara sus competencias y entrara en el fondo del asunto judicial de los ERE, atenuando notablemente las condenas de los implicados, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Además de Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías fueron eximidos de responsabilidad criminal por el reparto de ayudas sociolaborales que implicó 680 millones de euros en subvenciones. El tribunal falló que no había delito de Prevaricación, con lo que la Malversación se redujo para quienes fueron responsables de aprobar los presupuestos autonómicos.
Todo un varapalo político que demostró al conjunto de los españoles que el Constitucional es un tribunal político que, en función de las mayorías, va a jugar a favor del poder establecido. Ocupando un rol de furriel del Poder Ejecutivo. Y añadiendo una nota más a la partitura de la desconfianza ciudadana sobre la verdadera función de este órgano.
Ahora parece que se adivina una vuelta de tuerca más. Pues el Tribunal Constitucional mandó a la Audiencia Provincial de Sevilla (que fue la que entendió del tema) una nueva redacción de la sentencia, acorde con lo por ella dispuesto. El problema está ahora en que, salvo uno (Pilar Llorente), el resto de los magistrados que tienen que ponerse manos a la obra con la redacción (los mismos que dictaron la sentencia original) no están disponibles.
El ponente de la resolución, Juan Antonio Calle Peña, está prejubilado y ahora ejerce como abogado. Y Encarnación Gómez Casielles se encuentra en estos momentos desarrollando su actividad en la Audiencia Provincial de Alicante, en situación de excedencia por un año para el cuidado de un familiar.
En definitiva, que en tanto que los que tienen que dictar la nueva sentencia son los que fueron responsables de la anterior, estamos ante una situación de bloqueo. Por lo que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha elevado una consulta al Consejo General del Poder Judicial. Las perspectivas son negras, por cuanto podría implicar la repetición del juicio con un tribunal distinto. Con todas las complicaciones que ello supondría en cuanto a tiempo y dinero que, a fin de cuentas, pagan todos los ciudadanos.
Si esto sucede, no sorprenderá que los contribuyentes piensen que se les está estafando y que son víctimas de un fraude. Del fraude de la Justicia española. Porque, por muchas componendas procesales que se le quieren poner al tema, lo que los trabajadores (que somos todos los que vamos a pagar la fiesta) no podrán comprender nunca es cómo es posible que la condena de estos sujetos esté suponiendo tantos quebraderos de cabeza.
Pensarán que la Justicia sólo es rápida y expeditiva cuando se juzga al pobre e insignificante, pero que misteriosamente es lenta, perezosa y compleja cuando se trata de condenar al rico y poderoso. Visto lo visto, está claro que tienen razón.
