Ha dicho Pedro Sánchez en la entrevista con Pepa Bueno que el hecho de que Salvador Illa le haga de recadero con Puigdemont es algo que hay que normalizar. No lo ha dicho así, pero es el sentido diáfano que deprendían sus palabras para cualquier que tenga habilidad para leer entre líneas.
Al margen de las perversas intenciones que se le puedan atribuir al Presidente -que, sin duda, las tiene, y muchas- la verdad es que la normalización lleva en marcha mucho tiempo. Y no sólo a lo que concierne a los golpistas catalanes, sino igualmente en lo que supone a los etarras que se sientan en el Congreso de los Diputados.
En cualquier país serio, sería absolutamente inadmisible que un representante público como es el Presidente de la Generalitat se estreche la mano como si tal cosa con un tipo que dio un golpe de Estado y la salió rana, que trató de llevar a cabo una farsa de elecciones sin censo, sin garantías y sin controles, al servicio de unos grupos que manipularon los procedimientos en el Parlamento de Cataluña para aprobar unas prevaricadoras 'leyes de desconexión', amordazando a los partidos no nacionalistas. Y un tipo, recuérdese, que es uno de los exponentes máximos de la política de segregación y de exclusión de los catalanes no independentistas tanto de las instituciones como del día a día de la Comunidad Autónoma, pasando por la persecución de los niños en los colegios para hacer daño a sus padres. Dentro de esa repugnante visión altanera que desprecia a los españoles en base a un supremacismo tan ridículo como infundado.
En el mismo sentido -sino peor- puede hablarse de los herederos de la banda terrorista ETA, encarnados en la nefasta figura de Arnaldo Otegui, con el que se dan abrazos Irene Montero e Ione Belarra. Y que un par de niñas pijas mimadas sin sentido de la historia alguno lo haga, hasta podría pasar. Pero que estos tipos se sienten en las Cortes, que representan la soberanía del pueblo español, no es sólo que sea un insulto para las víctimas, sino que representa el culmen de los pactos del 78. Pactos en los que, desde el Partido Comunista de Santiago Carrillo hasta la Alianza Popular de Manuel Fraga, todos estaban a favor de la legalidad constituyente y constituida, y en contra del Terrorismo.
Ahora, los ciudadanos españoles y las víctimas directas tienen que aguantar que Puigdemont y Otegui se pavoneen con un desparpajo insoportable, atreviéndose a dar lecciones sobre la Democracia y el Estado de Derecho. Que hace un año Puigdemont pudiera pasearse por las calles de Barcelona (para torpedear el momento de gloria de Illa) sin que la policía le echara el guante marcó, para mí, el fin del Estado de Derecho en España. Para mí, este ya no existe. Es sólo una pantomima y un ropaje conveniente que esconde los intereses de los partidos dominantes que se reparten la tarta con los nacionalistas periféricos. No sigan buscando, porque no hay más.
Como tampoco hay que buscar más allá del hecho de que Illa haya ido a negociar con Puigdemont el apoyo de Junts a los Presupuestos del PSOE. ¿Dependen los Presupuestos Generales del Estado de España de un delincuente? Sí, y entérense ya. Lo mismo puede decirse de Otegui. En conclusión: la estabilidad económica española está sujeta a lo que digan un golpista y un terrorista. Hasta aquí hemos llegado. Y hemos llegado hasta aquí gracias a dos formaciones políticas principales: el PSOE y Podemos. Unos partidos, recordemos, que han hecho todo lo posible por apoyar tanto el relato como las políticas de unos nacionalismos que, además de racistas, son explícitamente opuestos a los intereses generales del resto de la población española.
'Política del diálogo', dice Illa. Con un tipo investigado por corrupción. Secundada por otro tipo, Sánchez, que tiene el valor de decir en su NO-DO (RTVE para los despistados) que a él le encanta dar entrevistas y que le hagan preguntas. Aunque haga un año que no concede una y que haya recortado las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa y haya impulsado legislación ad hoc para expulsar a los discrepantes del Congreso. Que, por cierto, lleva ya dos años sin aprobar unos Presupuestos. Uno pensaría que, por coherencia por la hemeroteca, Sánchez disolvería las Cortes. Como exigió a Rajoy cuando era líder de la oposición. No caerá esa breva.
