La semana pasada, en Tenerife, tuvo lugar un suceso impactante: la decapitación de un perro, cuya cabeza fue dejada en la puerta de la casa de una familia. No vamos a entrar aquí en las motivaciones del presunto autor, ni en los entresijos de la situación que han desembocado en tan dramático desenlace. No. Vamos a poner el foco en el desequilibro que existe por parte de los poderes públicos en perseguir según qué conductas.
Recientemente, dos instrumentos legales han servido para dificultar la vida y la cartera de aquellos que quieren proporcionar a sus mascotas el mayor bienestar posible. La nueva legislación que regula la tenencia de animales domésticos no sólo impone la cobertura de un seguro, sino multas extremadamente onerosas por acciones en la práctica inocentes, como tener al animal atado en el exterior durante unos instantes mientras se está comprando en una tienda, o la imposición de la castración obligatoria.
A esto hay que sumar el cambio traumático que para los veterinarios se ha venido encima, cortando de raíz su capacidad para diagnosticar y tratar a los animales, imponiendo en su lugar tratamientos que no necesitan, destruyendo su capacidad para actuar con inmediatez y encareciendo los productos médicos. Todo ello a costa del bolsillo del usuario, ahora que muchos de estos productos dejan de estar subvencionados y el IVA correspondiente se incrementa.
Realmente, se trata de una política delirante, preocupada por impedir que las personas puedan tener animales domésticos y proporcionarles cuidados. El frío cálculo de quienes aprueban estas leyes proviene de un razonamiento cruel y mezquino: si se imponen regulaciones más restrictivas, se encarece el precio de los productos y se maniata a los veterinarios, se desincentivará así la tenencia de mascotas. Que es el objetivo principal. A la par, poco o nulo interés existe por endurecer el Código Penal en aras de castigar como es debido el maltrato o el asesinato de animales.
Nos situamos con este escenario en un mundo al revés: en el que sale gratis que maten a un ser que puedes considerar como un miembro más de la familia, a la vez que sólo los ricos podrán pagar unos tratamientos caros basados, en muchos casos, en unas decisiones erróneas por la imposición de un absurdo sistema burocrático, cuando en situaciones de vida o muerte la rapidez es lo que marca la diferencia. Porque, aunque parezca una paradoja, es más probable que un propietario que desconozca los matices ilógicos de la legislación que se le aplica sea sancionado, que el que el asesino de Tenerife vea adecuadamente sancionada su responsabilidad, y esta familia compruebe cómo los tribunales hacen justicia.
Recientemente, dos instrumentos legales han servido para dificultar la vida y la cartera de aquellos que quieren proporcionar a sus mascotas el mayor bienestar posible. La nueva legislación que regula la tenencia de animales domésticos no sólo impone la cobertura de un seguro, sino multas extremadamente onerosas por acciones en la práctica inocentes, como tener al animal atado en el exterior durante unos instantes mientras se está comprando en una tienda, o la imposición de la castración obligatoria.
A esto hay que sumar el cambio traumático que para los veterinarios se ha venido encima, cortando de raíz su capacidad para diagnosticar y tratar a los animales, imponiendo en su lugar tratamientos que no necesitan, destruyendo su capacidad para actuar con inmediatez y encareciendo los productos médicos. Todo ello a costa del bolsillo del usuario, ahora que muchos de estos productos dejan de estar subvencionados y el IVA correspondiente se incrementa.
Realmente, se trata de una política delirante, preocupada por impedir que las personas puedan tener animales domésticos y proporcionarles cuidados. El frío cálculo de quienes aprueban estas leyes proviene de un razonamiento cruel y mezquino: si se imponen regulaciones más restrictivas, se encarece el precio de los productos y se maniata a los veterinarios, se desincentivará así la tenencia de mascotas. Que es el objetivo principal. A la par, poco o nulo interés existe por endurecer el Código Penal en aras de castigar como es debido el maltrato o el asesinato de animales.
Nos situamos con este escenario en un mundo al revés: en el que sale gratis que maten a un ser que puedes considerar como un miembro más de la familia, a la vez que sólo los ricos podrán pagar unos tratamientos caros basados, en muchos casos, en unas decisiones erróneas por la imposición de un absurdo sistema burocrático, cuando en situaciones de vida o muerte la rapidez es lo que marca la diferencia. Porque, aunque parezca una paradoja, es más probable que un propietario que desconozca los matices ilógicos de la legislación que se le aplica sea sancionado, que el que el asesino de Tenerife vea adecuadamente sancionada su responsabilidad, y esta familia compruebe cómo los tribunales hacen justicia.
