Está claro que ni la Unión Europea ni el Gobierno actual son amigos del Sector Primario. Llevan décadas sacando norma tras norma que amordazan tanto la capacidad productiva como exportadora del campo.
Para ello, se han servido de la normativa verde como instrumento privilegiado. Amparándose en unos falsos buenos deseos para el conjunto de los mortales, se ha impuesto un monstruo burocrático al servicio de la Agenda 2030, se ha favorecido la importación de productos procedentes de países terceros mientras se subvencionaba a los agricultores para disminuir su producción, hiriendo así de muerte a un sector de la economía que sostiene a millones de españoles. Ahora viene una estocada más.
De nuevo, aprobada por burócratas que no tienen ni idea sobre en qué consiste la vida en el agro. Tan sólo les interesan sus beneficios. Dinero que será empleado en nuevas políticas liberticidas y para financiar lobbies ideológicos. Todo ello negociado a espaldas tanto de los ciudadanos como de los propios implicados. Un 'trágala' en toda regla.
El Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) lo ha expresado de manera clara: 'No podemos estar aquí prohibiendo [productos] fitosanitarios, limitando los fertilizantes, todo el tema de las hormonas, los sectores genéticamente modificados. Al final todo eso hace que la dimensión de las explotaciones que tenemos aquí, con respecto allí, la va a hacer muy poco viable'.
El problema de este acuerdo es la ausencia de reciprocidad, que beneficiará más a otros países que a España. O, si se quiere, que a cambio de unas perspectivas de ingresos económicos se aseste un nuevo golpe al sector. Algo así como entender que, para que unos salgan ganando, otros tienen que sacrificarse. En este caso, los agricultores y los trabajadores asalariados a los que emplean.
Esta es la idea que preside la actitud de los gobiernos de España y Alemania, los dos países que han impulsado el acuerdo, junto a la Comisión Europea. Por lo pronto, Francia se ha opuesto frontalmente, y detrás de ella vienen Polonia, Austria y Países Bajos. Italia se lo está pensando.
De lo que no cabe duda es de lo siguiente. A los Ejecutivos español y europeo no les importa el campo. Sólo el dinero. Y seguirán legislando de manera que expriman al sector primario hasta que ya no quede de dónde rascar.