Ya repasamos en la entrega anterior las artimañas que llevaron a Pedro Sánchez a alcanzar el poder en el seno del PSOE. Y también cómo, momentáneamente, lo perdió. Porque, como vimos, no se vio obligado a dimitir por su 'No' a Rajoy, sino por pretender falsear el resultado de una votación en el Comité Federal del partido. Esto deben tenerlo muy en cuenta tanto los militantes socialistas como sus actuales votantes. Un escándalo mayúsculo al parecer olvidado entre una pléyade de escándalos no menores. Resumen inapelable de en lo que se ha convertido la política española.
Desde luego, si hay algo que es obligatorio reconocerle a Sánchez es que no es alguien que se rinda fácilmente. Así, reconquistó de nuevo la Secretaría General en mayo de 2017 aplastando a Susana Díaz, deslegitimando a la Gestora y obteniendo un poder omnímodo sobre su formación que ahora es incontestado. E incluso a sus propios militantes les mintió de nuevo, al afirmar que, si ganaba estas nuevas primarias, las consultas a los afiliados serían 'obligatorias'. Jamás se ha consultado a los militantes para nada, ni para el nombramiento de los ministros, ni para el del Fiscal General del Estado, ni para el de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ni para los indultos a los golpistas o para abandonar al pueblo saharaui a su suerte, ni para los pactos con Bildu. Y un largo etcétera.
Todo a punto para el golpe de Estado perpetrado por los independentistas catalanes el 1 de octubre de 2017. En un hecho tan insólito como coherente con la gravedad de la situación, el Partido Popular y el Partido Socialista apoyaron conjuntamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero Pedro Sánchez impuso una condición para prestar su apoyo: que no se interviniera su radio-televisión, instrumento imprescindible del que se han servido y se sirven todavía los independentistas para escupir propaganda y difundir ideología política. Un grave error político cuyas consecuencias estamos pagando ahora todos.
A lo que se sumó otro mayor: levantar el efecto de esta intervención antes de que se hubiera asegurado por el Estado español que el independentismo estaba doblegado y que no se podrían volver a utilizar ni las instituciones ni los recursos públicos para conducir procedimientos sediciosos ilegales como el que se acababa de vivir.
Sánchez era plenamente consciente de esto, pero lo hizo con el ojo puesto en las próximas elecciones, sabedor de que el apoyo de los independentistas y del electorado en Cataluña iba a ser fundamental para llevarle a La Moncloa. Y así fue: el 25 de mayo de 2018, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel, se registró por el PSOE la moción de censura que acabaría con Mariano Rajoy. La justificación de la misma era clara: se había creado por el PP un entramado de corrupción institucional, por lo que la permanencia de esta formación el gobierno era insostenible. Todo ello a sabiendas de que el Tribunal Supremo dejó claro que la condena como partícipe a título lucrativo 'no sólo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone la última'. Luego, una vez en el poder, ha rebajado las penas por Malversación, el principal delito de lo que genéricamente se entiende por 'Corrupción'. Y llegó a la tan ansiada Presidencia del Gobierno con los votos, entre otros, de ERC y de Bildu. Unos, que acababan de perpetrar un golpe de Estado; otros, herederos de una organización terrorista con las manos manchadas de sangre.
Seguiremos...