Los sucesos de Torre Pacheco han llevado a la primera plana de los medios un debate silenciado por parte de los grandes poderes, pero que, al final, ha estallado: el problema de la inmigración ilegal. Desde los grandes partidos a los grandes poderes económicos y mediáticos, esclavos de la dictadura Woke, se ha estado fomentando la entrada masiva de inmigrantes ilegales, sin filtro alguno e ignorando el carácter delictivo del asunto. Las regularizaciones masivas han hecho el resto, en una política cínica que ha desplazado a estos individuos a las zonas más periféricas y marginales no sólo de las ciudades, sino de los pueblos y de las villas. Un buenismo absolutamente destructivo, que juega al discurso de cara a la galería, pero que carga a los humildes con los problemas de integración y de delincuencia que se generan.
Un dato es tan elocuente como incontrovertible: a mayor inmigración ilegal, mayor tasa de delincuencia. Cualquiera que trabaje habitualmente en el mundillo sabe que sólo basta echar un vistazo a las prisiones, las cárceles o los oficios judiciales. La gente, claramente, está harta. Y está harta porque como reconocer el problema es políticamente incorrecto, pues nunca ha existido una política realmente viable que le ponga solución. Las formaciones políticas que se meten en la cama con terroristas y con golpistas señalan como ‘franquistas’, ‘fascistas’ o ‘nazis’ a lo que expresan siquiera un ligero descontento con la política migratoria adoptada tanto por España como por las élites de Bruselas. Lo que ha echado más leña al fuego, al criminalizar a segmentos enteros de la población que ven cómo sus inquietudes son sistemáticamente ignoradas. Segmentos entre los que están los obreros y los trabajadores manuales, abandonados vilmente por quienes debían representarles.
A este respecto, es preciso distinguir bien entre el inmigrante ilegal, el inmigrante legal y el nacionalizado español. Este último es un ciudadano de pleno derecho, con todos sus derechos y sus obligaciones.
Pero las otras dos categorías, en las que se incluyen numerosas personas que delinquen (aunque no todas), se hallan en una posición en la que el Estado no puede permitir que cometan delitos y, encima, sigan permaneciendo en el territorio estatal. Esto no tiene que ver con la raza ni con la etnia, sino con una cuestión puramente legal de respeto a las leyes, a los derechos de la comunidad de acogida y a la responsabilidad del Gobierno, que no puede desentenderse de individuos en un limbo jurídico que campan a sus anchas, no están registrados ni localizados y, además generan problemas de guetización y de seguridad pública allá donde residen.
Esta es una realidad que los autoproclamados guías de la moral de masas se niegan a ver. A sabiendas de su falsedad, achacan el voto de los jóvenes a formaciones como Vox a la ‘radicalización’ de las redes sociales. Una chusca justificación para la censura y la cultura de la cancelación. Si los jóvenes votan a Vox, lo hacen muchas veces como reacción a un discurso que se ha demostrado que va contra ellos, que los criminaliza por sexo, por género, por renta, por residencia y por raza.
Que les culpa por querer tener un coche, una casa o fundar una familia. Que les revienta impuestos y que les obliga a emigrar a su vez a otros países a buscarse la vida, mientras se acoge con los brazos abiertos a multitud de inmigrantes ilegales con la idea de que, al regularizarlos, aumenten el caladero de votos.
Cuando en las zonas depauperadas por la afluencia de individuos en situación irregular se comete un crimen como la agresión en Torre Pacheco o la violación en Alcalá de Henares, es justo y normal que la gente se levante y proteste. No lo es nunca la actividad agresiva y delictiva protagonizada por grupos ultras, pero ello no puede dar lugar a desdeñar el problema y a que determinados grupos políticos se posicionen siempre con los agresores y nunca con las víctimas.
Aunque sólo fuera porque son los que aprobaron una ley que ha puesto en la calle y beneficiado penitenciariamente a cientos de violadores.
Ciertamente, la inmigración ilegal es un problema. Que urge que las instituciones públicas y los partidos políticos atajen ya y sin rodeos. De lo contrario, la cosa irá a peor.
