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Ponen coto administrativo a «pescadores de subvenciones»

La Junta arranca el proceso por el que varias empresas onubenses podrían perder “la condición de centro colaborador” en el registro de entidades de formación profesional para el empleo de la comunidad

N. Acedo

No se ha impuesto de lleno la mecánica del olvido. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge hoy un anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva, que forma parte del área naranja del Gobierno regional, por el que se avisa de que se han arrancado procedimientos de pérdida de “la condición de centro colaborador” en el registro de entidades de formación profesional para el empleo de la comunidad. Y se advierte a los señalados que tienen 10 días hábiles a partir de mañana para alegar y presentar la documentación que estimen conveniente.

En el listado publicado constan ocho sociedades, la mayoría onubenses. Algunas han estado relacionadas con instrucciones judiciales, como es el caso de Á. F. SL, a la que el PP incluyó además entre las 38 entidades vinculadas a cargos del PSOE o a familiares a las que ex gobiernos autonómicos socialistas asignaron más de 48 millones de euros, conformando lo que tildaron de “red clientelar” en torno a las ayudas de la Junta para los cursos. En concreto los populares asociaron a la mencionada empresa 1,4 millones de euros. Pero además Á. F. centró una de las piezas en las que el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva dividió la “macrocausa” que articuló en torno a las actividades formativas subvencionadas por el Ejecutivo regional, cuya matriz el titular del órgano judicial tuvo que archivar, pese a ver indicios de prevaricación, ya que la Junta y la Fiscalía desistieron de continuar con la acusación.

Pero el sumario se nutrió y en el consta un informe de la Policía Judicial en el que se catalogaba a los administradores de la sociedad como “pescadores de subvenciones”  y, tras desentrañar un expediente ligado a una ayuda de 311.025 euros, otorgada por la antigua dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se concluía que “Á. F. SL solicitó la subvención para el lucro de los propietarios de la entidad” .

Imputaron al curso hasta la alarma

Otra de las empresas a la que los investigadores siguieron la pista que aparece este martes en el anuncio del BOJA, consultado por Huelva Hoy, es C. de E. T. SC. En su caso, la Policía detectó abultadas anomalías en la justificación de la utilización que había hecho de los fondos públicos que percibió, como que la mercantil imputó a un curso como «coste asociado» los «gastos corrientes de la propia empresa». ¿De qué tipos de pagos se trataba? De acuerdo a lo reflejado en el informe policial, a la luz, el agua, tareas de limpieza, internet y hasta la alarma.

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