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Prisión permanente revisable para Montoya por el crimen de Laura Luelmo

La sentencia de la Audiencia de Huelva lo condena además a 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con otro de agresión sexual con la agravante de género

La Audiencia de Huelva ha condenado a la pena de prisión
permanente revisable a Bernardo Montoya por agredir sexualmente y asesinar a la joven Laura Luelmo en la localidad de El Campillo en el mes de diciembre de 2018, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

En la sentencia, difundida hoy por la oficina de comunicación del tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se condena al acusado a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia -la Audiencia ya lo condenó en diciembre de 1997 por delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y asesinato- y se le impone además 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual con la agravante de género. Sobre lo último, la Audiencia considera que “es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual”, de modo que “nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, en el que el encierro” de la víctima en la casa del encausado “fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tiene sentido ni finalidad sin ella”.

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que
indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. En este punto, el magistrado-presidente del juicio con jurado
concluye que no procede indemnizar al novio de la fallecida, ya que “no
consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente
formalmente su representación procesal” y, además, “no consta que
existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio”.

La Audiencia recuerda que, en su veredicto, el jurado declaró probado que
los hechos se produjeron sobre las 17:30 horas del día 12 de diciembre de
2018, cuando la joven regresaba de hacer la compra en un supermercado y
fue abordada por el condenado, que vivía frente a ella en una vivienda de El Campillo. Así, Montoya la introdujo “a la fuerza” en su domicilio “con intención de agredirla sexualmente”, de modo que, una vez dentro de la casa, el hombre cerró la puerta, “impidiendo” que la víctima saliera de la
vivienda y que se le prestase auxilio, comenzando en ese momento a
propinarle “fuertes” golpes.

Propinó a la joven puñetazos y utilizó un objeto contundente, de tipo romo, para golpearla, según prosigue la sentencia, que añade que, “aprovechando el aturdimiento e indefensión” de la víctima, el acusado “le ató las manos a la espalda y le tapó la boca con cinta adhesiva”, trasladándola a uno de los dormitorios del inmueble, donde la agredió sexualmente.

Seguidamente, “con ánimo de acabar con la vida” de la víctima y “para
evitar que se conociera la comisión de los hechos”, el acusado le asestó un
fuerte golpe con un objeto contundente, tras lo que, sobre las 18:42 horas,
y “encontrándose aún con vida”, el condenado la envolvió en una manta y la
introdujo en el maletero de su coche, donde también introdujo un bolso con
el teléfono móvil y otros objetos personales de la mujer.

El acusado, una vez en el vehículo, realizó un recorrido por los términos
municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, dirigiéndose
finalmente a un concreto paraje donde, entre las 19:44 y las 20:42 horas,
dejó el cuerpo de la fallecida con las manos atadas a la espalda, así como el
resto de los objetos con la excepción del teléfono móvil, en una zona escarpada y de difícil acceso, todo ello “con intención de que su cuerpo no
fuera hallado y sin comunicar el paradero del mismo hasta su detención”.

Agravante de género
La joven falleció aproximadamente a las 20:15 horas del día 13 de diciembre de 2018, siendo hallado su cuerpo el día 17 de diciembre de ese año en el mismo lugar donde fue dejado por el acusado.

La sentencia considera que, al causar a la joven las heridas que provocaron
finalmente su muerte, el condenado “se valió de su superior fuerza física y de una extrema violencia”, ya que la “encerró y amordazó” para que “no pudiera pedir auxilio” y le amarró las manos a la espalda, “consiguiendo con todo ello cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva” de la fallecida.

Asimismo, se recoge que el acusado sometió a la joven a “padecimiento innecesarios y un sufrimiento más intenso que el que se requería para causarle la muerte”, mientras que, al agredirla sexualmente, “utilizó la violencia para conseguir su sumisión total a la satisfacción del deseo sexual, incurriendo en una conducta particularmente degradante para la mujer, de cosificación y dominación, que se corresponde con su propio concepto de los roles de género”.

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