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Procesan al «conseguidor» de los ERE y tres directivos de una empresa de yogures que recibió 6,4 millones de la Junta

El juez acuerda continuar el procedimiento contra los cuatro investigados en esa pieza separada de la «macrocausa» y destaca «el especial papel» de Lanzas en ella

N. Acedo

Los implicados ya no son ajenos a su futuro. El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, en concreto la que gira en torno a las irregularidades detectadas en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Yogures Andaluces S. A. (Yogan) por un importe de 6.379.142,48 euros para “satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados” por un ERE mediante “la financiación de un seguro de rentas vitalicio”.

El magistrado deja constancia en un auto, fechado el pasado 1 de octubre y consultado por este diario, de que de “las diligencias instructoras practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal” atribuir a esos encausados, tres directivos de la sociedad y el llamado “conseguidor” de los ERE, el sindicalista Juan Lanzas, “la participación en la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación”.

En este bloque de la “macrocausa” se ha analizado la presunta ilicitud de las ayudas otorgadas  por la Consejería de Empleo de un ex Gobierno autonómico socialista a Yogan sin sujeción al procedimiento legalmente establecido. De hecho, en la resolución de Vilaplana, distribuida por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se llega a  aseverar que “no existe en todo el expediente administrativo relativo a su otorgamiento, obrante en autos, ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones”. Y se enlaza que, “la disposición de los fondos públicos” se hizo “sin la fiscalización previa del expediente y, en definitiva, de forma arbitraria, privando a otros potenciales beneficiarios, no ya de poder percibir estas cantidades de fondos públicos, sino de poder solicitarlas y concurrir a su concesión acreditando la necesidad socio-económica habilitante de su percepción”.

El juez dedica párrafos de su auto a destacar “el especial papel” que Lanzas habría tenido en el “caso ERE”, según se destila de lo actuado. De acuerdo a ese relato judicial, el sindicalista de UGT “habría venido prestando servicios de mediación al objeto de posibilitar el gracioso otorgamiento de ayudas públicas y la suscripción de pólizas de renta colectiva financiadas injustificada y discrecionalmente” por Empleo “con motivo de prejubilaciones laborales en el marco de procesos de reestructuración empresarial”. Gracias a ello habría obtenido “elevadas ‘gratificaciones’ -por su labor como ‘conseguidor’- procedentes de las sobrecomisones (superiores en algunos casos a un 150% de la media del mercado) que, a su vez, venían a cobrar los mediadores, como los del Grupo Vitalia -una aseguradora-; colaborando, asimismo, en la inclusión como beneficiarios de las pólizas de personas afines (los denominados ‘intrusos’)”. Para dar “ficticia cobertura legal” a esas “dádivas”, Lanzas utilizó “testaferros” y “creó y controló, con ayuda de terceras personas, un entramado societario y mercantil para encubrir el origen ilícito de los fondos, así como su real destinatario” y poder “reintroducir en el circuito financiero -y en el sistema económico legal- las ganancias obtenidas”. En ese sistema no faltó en ocasiones, a la luz de lo reflejado en el auto, “facturación ficticia que no respondía a una legítima entrega de bienes o a una efectiva prestación de servicios”. La intervención de este investigado se ha constatado en los expedientes de al menos 35 ERE.

El instructor ha perforado además la tranquilidad de algunas entidades, al decidir la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado también, aunque en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra Yogures Andaluces -en la actualidad Capsa Food-, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), UGT y UGT-A.

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