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Directo Cine Iberoamericano 2019
Firmas

¿Quiénes son los culpables?

La violenta reacción a la Sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los políticos independentistas por sedición y malversación de fondos públicos, se ha saldado con una fractura social y con una crisis política difícil de cuantificar aún. Lo que sí que nadie duda a estas alturas es que aquello de la ‘revolución de las sonrisas’ constituye una mentira que ni siquiera ha alcanzado la categoría de mito político que pudiera ser empleado de manera eficaz por algún agitador listo.

Esta revolución independentista, llamemos a las cosas por su nombre, es cruda, violenta y totalitaria. Persigue al discrepante e impone campañas de terror con cuentagotas para obligar a los catalanes no independentistas a someterse a las arbitrariedades de sus líderes. Tan sólo en Barcelona, la semana de disturbios ha ocasionado daños valorados en 2,5 millones de euros. A lo que hay que sumar el miedo y la tensión que los vecinos han experimentado, al ver que, independientemente de sus opiniones o de su filiación política, el independentismo tocaba a la puerta de su casa cóctel molotov en mano. La violencia, al fin y al cabo, violencia es. Y ha quedado demostrado con creces que lo que existe a día de hoy en Cataluña es una rebelión civil en toda regla, que se ha ido manifestando de manera puntual y a la vez creciente, y que seguirá manifestándose episódicamente hasta que ocurra una desgracia. No se nos olvide: hay un agente de la Policía Nacional en estado grave porque alguien le arrojó una piedra a la cabeza y le hundió el cráneo.

Así las cosas, cabe preguntarse en estos momentos, ¿quién tiene la culpa? Desde luego no el Tribunal Supremo, que ha seguido en todo momento un proceso penal garantista, fruto del cual los acusados han sido finalmente condenados tras ser investigados por unos delitos recogidos en el Código Penal, y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es importante recordar que los jueces no imponen las penas que les parece, sino que operan de acuerdo con las que están previstas en el mismo código y en función de lo que soliciten las partes acusadoras.

Y, en este caso, que el Gobierno de Pedro Sánchez obligara a la Abogacía del Estado a modificar la calificación del delito de Rebelión a Sedición, en contra del criterio que había sostenido anteriormente y del que sostuvo la Fiscalía General del Estado, es lo que ha permitido que los presos independentistas reciban unas penas menores de las que realmente les hubiera correspondido, pudiendo aprovecharse del beneficio penitenciario del tercer grado, en régimen abierto, al no haber atendido el Tribunal la petición del Fiscal de que tuvieran que cumplir la mitad de la condena antes de poder acceder a la semi-libertad.

Esto quiere decir que el único elemento ‘político’ que hay en esta sentencia (que el PSOE obligara a la Abogacía del Estado a virar hacia un criterio más favorable para los presos) les ha beneficiado en vez de perjudicarles.

Quienes no entienden esto no entienden tampoco qué es el Estado de Derecho ni qué es la Democracia. Un sistema político en el que todas las personas, sin distinción, están sujetas a la Constitución y a la Ley, y en el que quien cometa un delito recibe su pena correspondiente. Otra cuestión diferente es que quienes sostienen que se trata de una ‘sentencia ejemplarizante’ o que es ‘muestra del autoritarismo’ en un ‘día negro’ no tengan ni la más mínima noción de esto, o lo que es peor y más probable, estén de acuerdo con sistemas políticos verdaderamente autoritarios o totalitarios en los que ni se cumple ni se hace cumplir la ley.

Por eso no es en absoluto sorprendente que los comunistas y los socialistas españoles, unos abiertamente y los otros de manera velada, hayan criticado la sentencia por condenar a estos delincuentes.

Ahora la situación ha llegado a un punto en el quedan cada vez menos salidas. Y es justo señalar claramente a quienes nos han traído hasta aquí, comenzando por los gobiernos del Partido Popular, cuya felonía permitió que un problema político se judicializase en exceso, y que, a la hora de la verdad, fueron incapaces de actuar con la contundencia necesaria contra unos líderes y unas instituciones pervertidas que no han desistido en lo más mínimo de sus propósitos. No menos culpables son los gobiernos del Partido Socialista, siempre cómplices con los nacionalistas vascos y catalanes, a los que necesitaban para gobernar, y que, en la época de Zapatero, alentaron todo lo que les fue posible para paliar su Mayoría Relativa en las Cortes, aun al coste de proporcionar a los independentistas toda la munición que necesitaban para aprobar un Estatuto que el Tribunal Constitucional tumbó y que generó unos vientos que nos han traído estas tempestades.

Tampoco pueden mirar hacia otro lado los comunistas españoles, primero con Izquierda Unida y ahora con Podemos y sucedáneos, siempre prestos a apoyar a cualquier minoría que atente contra los intereses de España, otorgando disculpas y comprensión hasta el límite de lo imaginable, llegando incluso a asimilar como propio el discurso independentista y sumándose a las calumnias y falsedades que pintan a nuestro país poco menos que como una dictadura homicida.

Pero, por encima de todo y de todos, los grandes culpables de esta situación son los partidos independentistas, que se han pasado desde la transición chantajeando al resto de partidos nacionales para obtener privilegios y dinero.

Y que, no contentos con eso, han fabricado una mentira gigantesca, fruto de su xenofobia, de su racismo, de su supremacismo y de su arrogante complejo de superioridad sobre el resto de los españoles en general y sobre los andaluces en particular. La democracia española, cándida e ingenua, les ha dejado hacer todo lo que han querido y más. Y aprovechándose de este buenismo criminal, han secuestrado las instituciones públicas catalanas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares.

Han manipulado la Educación y la Televisión Pública, han infectado ideológicamente a las Universidades, han aplicado una agresiva política de inmersión lingüística abiertamente discriminatoria, han convertido a los Mossos en una policía política propia y han dado cancha a grupos pseudo-terroristas como los CDR para perseguir a los enemigos ideológicos. Pero lo peor de todo es que han utilizado con toda la vileza de la que han sido capaces a los niños desde su más tierna infancia, yendo a las guarderías y enfrentando a unos contra otros y contra sus familias.

La gente está harta y está empezando a despertar. Pero, ni por un momento, debemos olvidar quiénes nos han traído hasta aquí y exigir, como ciudadanos, las responsabilidades legales y políticas que sean convenientes. Y, sobre todo, decir la verdad. Alto y claro.

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