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Se confirma: no se puede despedir a una mujer en tratamiento de fecundación in vitro

El TSJA ratifica la anulación del cese de una trabajadora que se estaba sometiendo a un proceso de inseminación artificial, al extender su protección durante el embarazo al periodo de fertilización

N. Acedo

Hay singladuras que pueden parecer casi de sonámbulo, pero que al final resulta que no lo son. M. C. S. F. trabajaba como técnica especialista en la escuela infantil de un municipio onubense hasta que el ayuntamiento la cesó en marzo de 2016, después de una cadena de contratos de obras y servicios. Antes, en febrero, se había dado de baja médica, puesto que se estaba sometiendo a un proceso de inseminación artificial para poder quedarse embarazada, una incapacidad temporal que conocían en el consistorio. Así se recoge en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla que confirma la nulidad de su despido, que ya había dictaminado un juzgado de Huelva.

Desde el ayuntamiento, la empresa en este caso, se agarraron a causas económicas y organizativas para justificar la salida de la trabajadora, si bien, en el fallo del TSJA, consultado por Huelva Hoy, se hace notar que “al día siguiente hábil al cese de la demandante” se incorporaron a la guardería “otras tres personas que cubrían las funciones que venían realizando la actora”, así como que había empleadas con menos antigüedad que ella. Por esto, entiende el Alto Tribunal andaluz que, “con independencia de la existencia de necesidades de ajuste económico, lo cierto es que” a M. C. S. F. se la echó para “contratar a otros en su lugar”, lo que “reafirma la nulidad de su cese, habida cuenta del conocimiento por la empresa de su situación de embarazo”. Y es en ese último aspecto donde este fallo despierta un nuevo interés al consolidar que encontrarse en una fase avanzada de fecundación debe gozar de la misma protección que el artículo 55,5 del Estatuto de los Trabajadores atribuye a la gestación. 

La abogada onubense que se encargó de la defensa desde la Unión Provincial de Huelva de CSIF, Sara del Carmen Romero, destaca la importancia de una sentencia que viene a rellenar un “hueco” que existía en la protección laboral de la mujer al “extenderla no sólo al momento del embarazo, sino al propio periodo del tratamiento de fertilidad, de la fecundación in vitro”, anota la letrada.

Romero, con 21 años de carrera a sus espaldas, ratifica que el ayuntamiento sabía de la situación que vivía la trabajadora, dado que incluso “se organizaron las bajas laborales” entre sus compañeras para “atender correctamente a la guardería” y que, a la fecha de notificarse el despido, la técnica “estaba embarazada”.

El fallo del TSJA ya es firme e incluso se ha tramitado la ejecución, lo que podría ayudar a M. C. S. F. a superar el desgaste de un proceso judicial que ha durado cinco años, en los que están incluidos la experiencia del embarazo en esas circunstancias y la primera etapa de la vida de su hijo.

Al margen de la causa del despido, el tribunal también determina que la indemnización que le asignaron resultaba “desproporcionadamente inferior a la debida”, en concreto “un 48,13% menos -2.059,02 euros-”. Palabra, como lo anterior, del TSJA.

 

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