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Solicitan una comisión de investigación sobre la concesión del chiringuito de La Canaleta

El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha registrado esta mañana en el Ayuntamiento una moción solicitando la creación de Comisión Informativa Especial de investigación sobre la concesión, contratación, ejecución de obras del chiringuito que se está construllendo en la Playa de la Ría al final del Paseo Almirante Pérez de Guzmán adjudicado a la entidad TANAJALE S.L., así como sobre el expediente de extinción de la concesión, rescate y levantamiento de instalaciones del chiringuito instalado junto al anterior, y que se debatirá en el pleno a celebrar el próximo miércoles 7 de junio.

Según reza en el texto de la moción “tras la fiscalización realizada por nuestro grupo municipal a los distintos expedientes administrativos referidos a la concesión, contratación y obras del Chiringuito en la Playa de la Ría en la Canaleta, adjudicado a la entidad TANAJALE S.L. hemos podido constatar numerosas irregularidades”.

Así en la propia exposición de motivos de la moción, enumeran las siguientes:

1.- La alcaldesa, por decreto, licitó el derecho de concesión para la instalación del Chiringuito pese a no estar resuelto el procedimiento judicial arriesgándose así, como está ocurriendo, a que coincidieran en la práctica en el tiempo dos Chiringuitos uno junto al otro, algo que infringe la Ley de Costas. Nosotros recurrimos el Decreto de convocatoria de la licitación al considerarlo nulo de pleno derecho pues la competencia para decidir contratar por este tipo de contratos por más de 4 años es del pleno. De esa forma podríamos haber intervenido en la decisión y en las condiciones a exigir en los pliegos.

2.- No se debería haber sacado a concurso un nuevo Chiringuito en un espacio contiguo al anterior, hasta que se hubiera resuelto de forma definitiva el pleito.

3.- Por requerimiento del SEPRONA e informe al respecto de técnicos municipales, tras comprobar una infracción urbanística por no ajustarse las obras a la licencia, la alcaldesa acuerda en fecha 25 de mayo de 2017 la incoación de expediente de disciplina urbanística y ordena la suspensión y precinto de las obras. Sin embargo no incoa expediente sancionador por tal infracción pese a que el informe técnico así lo indica.

4.- Con fecha 30 de mayo de 2017, 5 días dsepués, con una celeridad inusitada, teniendo en cuenta que el 27 y 28 fueron días inhábiles, la alcaldesa decreta el levantamiento de la suspensión y se reanudan las obras. No consta hasta ese momento presentación y aprobación de proyecto reformado alguno.

5.- La obra se está ejecutando en parte fuera de la superficie objeto de cesión por Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la Junta de Andalucía, según la descripción realizada en su Resolución de 24 de junio de 2014.

6.- El 21 de diciembre de 2016 el titular del otro Chiringuito interpone recurso de reposición en el Registro de la Subdelegación del Gobierno contra el decreto de convocatoria de la licitación del Chiringuito nº 1 se publica en el BOP de 24 de noviembre de 2016 y solicita la suspensión en vía administrativa.

7.- La alcaldesa desestima el recurso porque dice que es extemporáneo pese a estar presentado en plazo. El plazo para interponer el recurso es un mes desde la publicación.

8.- Dicha resolución del recurso la intenta notificar en un domicilio desconocido diferente al real que consta tanto en el recurso como en notificaciones anteriores y posteriores que ha realizado el propio ayuntamiento. Incluso la envía a una cuenta de correo ajena al recurrente. Pero en ningún momento ni siquiera intentan la notificación en el domicilio real, consignado en el recurso y normalmente utilizado por el propio ayuntamiento en sus notificaciones.

9.- Evidentemente ha transcurrido el plazo de un mes desde la petición de suspensión del acto sin que se haya notificado en forma al peticionario la denegación de la misma, aún cuando se hayan «fabricado» intentos de notificación para dar apariencia de cumplir el expediente y evitar la suspensión de la licitación por ministerio de la ley.

10.- De hecho, no es hasta el pasado 25 de mayo de 2017 aprovechando la presencia del recurrente en el ayuntamiento, cuando se produce la notificación expresa de la desestimación del recurso.

11.- En la actualidad hay solicitada en el juzgado una medida cautelar de suspensión de la adjudicación, suspensión que también se instó en vía administrativa, de la que tiene perfecto conocimiento el ayuntamiento y que está obviando cuando lo más prudente y legal sería que no se iniciara la obra hasta que se pronuncie el juzgado.

12.- Y además de lo anterior con fecha 23 de mayo de 2017, en plena polémica y protestas del concesionario del otro Chiringuito, en lo que claramente constituye una represalia y un beneficio para el otro Chiringuito, resolviendo un procedimiento iniciado en junio de 2014 y que había estado completamente paralizado, la alcaldesa decreta el rescate y levantamiento de las instalaciones a sabiendas que no tiene competencia para ello pues así lo resolvió la sentencia de 18 de febrero de 2016 de la Sección Tercera la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

13.- La alcaldesa permite al adjudicatario que pueda montar (aunque no esté obligado a ello y pese a tener otro Chiringuito al lado) y que no pague hasta que no haya sentencia firme del pleito que está pendiente. El resto de Chiringuitos tienen que empezar a pagar este mes de mayo. Es decir que si la sentencia firme (cabe recurso contra ella) tarda tres años, no va a tener que pagar un duro por ocupar terreno público privilegiado. Que le digan a los bares, restaurantes y cafeterías del pueblo que pueden montar sus terrazas sin pagar nada al ayuntamiento durante tres años.”

Según Hernández Cansino “con toda esta actuación administrativa se está beneficiando inusitadamente a una empresa que tiene como socio a alguien cercano al equipo de gobierno en perjuicio del interés general”

Por todo lo anterior, termina la moción “sin perjuicio de las acciones judiciales a emprender, estimamos necesario que el Pleno, como órgano fiscalizador del equipo de gobierno, constituya una comisión informativa especial de investigación para aclarar, arrojar luz y estudiar todas estas actuaciones, así como, en su caso, depurar las responsabilidades en las que se hubiere incurrido”.

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