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Posible «dedazo» con el suministro de agua en Almonte: el pleno deja fuera una moción que pide «legalidad y transparencia»

La concejal independiente en el Ayuntamiento de Almonte Cristina Medina ha criticado que no se haya incluido en el orden del día del pleno convocado para las 17,00 horas de este jueves una moción sobre la finalización el próximo 31 de diciembre de 2022 del contrato de abastecimiento, depuración y alcantarillado de agua que actualmente presta Aqualia en Matalascañas y El Rocío, así como, depuración y alcantarillado en Almonte.

Finalmente, el equipo de Gobierno, tal y como se preveía, no ha permitido que se pueda debatir y ha remitido a que era necesario un informe de Secretaria y que no había dado tiempo antes del pleno a confeccionarlo por lo que no se había incluido la moción.

Y es que Medina pide que «se utilicen los cauces legales para la licitación del nuevo contrato, con consenso y transparencia».

«Solicito que en este asunto, al igual que ya propuse y se aprobó respecto a la recogida y transporte de RSU, se debe analizar la situación contractual en una mesa de trabajo, en la que se encuentren todas las formaciones políticas existentes en el pleno del Ayuntamiento de Almonte y agentes implicados, a fin de dotar de consenso y transparencia la licitación del nuevo contrato».

Más en concreto, la edil independiente solicita que «se constituya una Mesa de trabajo en el plazo de 7 días, integrada por representantes de todas las formaciones políticas existentes en el pleno, incluida la concejal que suscribe y los
técnicos municipales de dicha área, con una reunión semanal, salvo que por la mesa se establezca otro período, en función de cómo se vaya desarrollando el trabajo, donde se analice y estudie la finalización del contrato existente con Aqualia y se establezcan y elaboren los pliegos para la licitación del nuevo contrato que cubra esos servicios antes de la finalización del mes de diciembre, en caso de no estar finalizados a esa fecha, se realice la prórroga tácita establecida en la ley de contratos del sector público».

En definitiva, Medina pretende que «se garantice la legalidad y la transparencia» en la concesión y no se actúe con «ocultismo».

La concejal teme que finalmente el equipo de Gobierno, actualmente en manos de Mesa de Convergencia y PSOE, por medio de un «dedazo» adjudique los servicios citados a Giahsa, empresa que controla la Mancomunidad de Servicios (MAS).

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