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Trasladan a Bretón a la cárcel de Huelva

José Bretón, condenado a 40 años por el asesinato de sus hijos, ha sido trasladado a la prisión de Huelva para comparecer, la próxima semana, en la vista oral en la que será juzgado por un delito de malos tratos psíquicos habituales contra la que fuera su mujer, Ruth Ortiz.

El traslado de Bretón, según han confirmado a Efe fuentes judiciales, se ha producido esta misma semana desde la prisión de Villena (Alicante) donde se encuentra recluido, y se le ha ubicado en el módulo de aislamiento.

Se prevé que permanezca en la prisión onubense hasta el jueves 3 de julio, día en que está previsto que concluya la vista, o el viernes.

La comparecencia física de Bretón en el juicio se va a producir después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, que es el que juzgará la causa, desestimara la petición de las partes de que la declaración de éste se realizara por videoconferencia.

La petición de comparecer por videoconferencia fue realizada tanto por la defensa, ejercida por la letrada Bárbara Royo; como por María del Reposo Carrero, abogada de la acusación particular en representación de Ruth Ortiz, al objeto de evitar el encuentro entre ambos -la última vez que se vieron fue durante el juicio por la muerte de sus hijos-.

El juicio por el delito de maltrato psíquico ha sido fijado para los días 2 y 3 de julio y en él, Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado tres años de cárcel para José Bretón, así como que se le prohíba comunicarse por cualquier medio y aproximarse a Ruth Ortiz a menos de un kilómetro durante cinco años.

Además, solicitan que se indemnice a Ruth Ortiz en concepto de responsabilidad civil con 9.000 euros, en el caso del fiscal; y con 10.000, en el caso de la acusación particular.

Por su parte, la defensa de Bretón ha solicitado su absolución al entender que su cliente no ha cometido ningún delito de maltrato psicológico contra Ruth Ortiz.

Esta causa es consecuencia de la denuncia que Ortiz interpuso contra Bretón un día después de la desaparición de los niños, por recomendación policial, y que ratificó el 16 de marzo de 2012.

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