El Puerto de Sevilla ha registrado este sábado la entradsa del barco de transporte a granel Shannon River, de bandera panameña, para el desembarco de 6.000 nuevas toneladas de arenas tóxicas que se suman a las 12.800 llegadas la semana pasada a ese puerto desde Montenegro en dos graneleros, el Muzaffer Bey que trajo el día 31 de enero 5.300 topneladas y el Dakota que desembarcó el 3 de febrero 7.500 toneladas con destino al vertedero de Nerva.
Estos residuos contaminados vienen del astillero de un pueblo del país balcánico, donde se han ido acumulando durante su funcionamiento desde 1927.
En total, la empresa francesa Valgo, contratada para descontaminar el astillero ha extraído 110.000 toneladas de residuos tóxicos de diversos tipos.
De ellos, casi 70.000 toneladas han sido ya traídas al Puerto de Sevilla, para ser enterradas en el citado depósito de residuos tóxicos y peligrosos.
A partir de ahora, se espera que comiencen a enviar otras 40.000 toneladas, es decir, otros ocho barcos más, de otros materiales más bastos también muy contaminados, como tierra y piedras, también por barco a Sevilla, para ser enterradas en el mismo vertedero.
Ante este hecho, Ecologistas en Acción ha denunciado las condiciones de carga y descarga de sustancias tóxicas en el Puerto de Sevilla, debido a la peligrosidad de las emanaciones y polvos derivados de estas operaciones, exigiendo que se realicen las mediciones de contaminación atmosférica que puedan repercutir en la salud de la ciudadanía; y, por otra parte, va a solicitar a las dos ministras competentes en inspección de residuos peligrosos y
aduanas, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para el control y seguimiento de todo lo que se relaciona con estos traslados de materiales tóxicos y peligrosos.
Además, la organización ecologista solicitó hace unos meses a la Junta de Andalucía la información relativa a las importaciones de residuos tóxicos con destino a estas infraestructuras de depósito definitivo, que se encuentran a 700 metros del pueblo de Nerva.
El Puerto de Sevilla, al ser un puerto fluvial de interior, «debería seguir unos controles rigurosos para la protección de la sociedad sevillana, en este caso especialmente a las personas que viven en los barrios muy cercanos de Heliópolis y Los Bermejales, y para la protección del río Guadalquivir y Doñana», añade la organización.
El trasiego de barcos que trasladan residuos peligrosos y contaminantes por el río Guadalquivir es muy elevado. Según la información facilitada por la Junta de Andalucía las toneladas de residuos tóxicos importadas para enterrar en Nerva a través del Puerto de Sevilla en 2018 fueron 43.088 toneladas procedentes de Italia, más 1.001 toneladas recibidas de Grecia y 20 toneladas de Malta. En 2019, los residuos tóxicos importados por el mismo puerto, para enterrar en Nerva, fueron de 34.106 toneladas procedentes de Italia y 38.420 toneladas procedentes de Montenegro. Finalmente, en 2020 se importaron 34,659 toneladas tóxicas con el mismo destino, a través del Puerto de Sevilla.
Estos residuos fueron autorizados por la autoridad competente, la Junta de Andalucía, al tratarse de residuos de la Unión Europea, excepto los de Montenegro que requerían el consentimiento de dicha Administración para ser autorizados por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al tratarse de un país extracomunitario.
A todo ello, habría que sumar las importaciones realizadas desde cualquier país con destino al enterramiento en Nerva, en barcos a través de otro Puerto de Andalucía, como el de Huelva, o transportados desde su origen por carretera. consecuencia de la
participación del Estado español en el Convenio de Basilea, contando con unas instalaciones que la Junta de Andalucía está haciendo lo que está en su mano para reactivarlas pese a las faltas de garantías y el conflicto social y de salud que crea en Nerva
y en toda la Cuenca minera, donde, hasta ahora, «se ha evitado hacer un estudio epidemiológico serio e independiente».
Ecologistas en Acción ha recordado que lleva muchos años haciendo un seguimiento del funcionamiento de estas instalaciones, especialmente los incumplimientos, accidentes y mala gestión de este vertedero, por lo cual quieren transmitir a las Administraciones y a la sociedad que es urgente que el Gobierno andaluz decrete el cierre definitivo e inicie el plan de seguimiento y control que establece la Autorización Ambiental Integrada vigente, durante 20 años, previo a la ejecución del plan de restauración de la zona, y no piensan ceder ante esta vergüenza de Andalucía, que es un vertedero tóxico pegado a un pueblo, que está considerado la «cloaca» de Europa.
¿Se han preguntado los «ecologistas», qué contraprestación reciben los distintos gobiernos, tanto el autonómico como el central?
Porque no es normal, que desde hace tanto tiempo, estemos recibiendo tanta porquería contaminada, si que el pueblo reciba nada a cambio; pues en cuanto a puestos de trabajo, no creo que haya sido una solución para el pueblo. Y 600.000 euros, me parece una limosna para callarles la boca a unos pocos; no a todo el pueblo.