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Vinculan el caso de las grabaciones vejatorias a mujeres en una romería gallega al de la facturación de UGT-A

La Alianza Contra la Corrupción pide al CGPJ que aclare cuál de los dos juzgados “ha infringido los deberes constitucionales que tiene encomendados”, el gallego o el sevillano, en sus interpretaciones del delito de revelación de secretos

N. Acedo

Hay resoluciones judiciales que saltan de una semipenumbra confortable en los tribunales de Justicia a los titulares de los medios de comunicación. Sucedió recientemente con una del juzgado gallego de Viveiro por la que se archivó la investigación en torno a la grabación de mujeres que miccionaron en un callejón de la localidad lucense de San Cibrao durante la romería de A Maruxaina en 2019. El juez entendió que las afectadas se encontraban en la vía pública y que, por tanto, no cabía un delito contra su intimidad, apoyado en casos anteriores como uno centrado en el espionaje de un equipo de baloncesto de Sevilla a sus trabajadores en 2004 y en una interpretación del delito de revelación de secretos. No es la única causa sevillana con la que se ha vinculado la de las grabaciones vejatorias a mujeres, reabierta ya por la Audiencia Provincial de Lugo, que ha revocado el archivo del proceso.

La entidad Alianza Contra la Corrupción ha elevado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se relaciona la causa de Viveiro con otra sevillana en la que se diseccionó la facturación de UGT-A y que acabó con la condena al ex trabajador del sindicato Roberto Macías a dos años de cárcel por revelación de secretos.

En la queja, a la que ha tenido acceso Huelva Hoy, la mencionada asociación traslada al CGPJ que han tenido conocimiento del sobreseimiento en el asunto de la “revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal” que se ha producido al entender el magistrado de Viveiro que, pese a que “en los vídeos se observa claramente a las chicas” orinando y “se pueden ver sus partes íntimas”, no “concurren los elementos del tipo penal”, ya que “al hacer sus necesidades en un lugar público, se exponían a eso, en el sentido de que no se reveló ningún secreto ni las imágenes se tomaron con un medio ilícito”. “El juez -se añade en el texto de denuncia- también dice que la finalidad con la que el sujeto subió esas imágenes a páginas pornográficas (el ánimo de lucro o el afán vejatorio) es irrelevante”.

A lo sucedido en ese caso contraponen lo que consideran otro “de revelación de secretos de parecida sustancia”. Se refieren a la sentencia del juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla que en marzo de 2020 condena a Macías, “que, como es públicamente conocido, es el denunciante del caso de corrupción del rapel” de la organización sindical. Explican al Consejo que se enjuició entonces “la utilización” presuntamente “fraudulenta” que “el sindicato UGT de Andalucía hizo de las subvenciones que le concedió para la formación de parados la Junta de Andalucía del PSOE” y que la jueza condenó al ex trabajador sindical “por un delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, siguiendo las tesis” de un fiscal anticorrupción. A éste lo acusan, entre otras cuestiones, de emplearse contra Macías con “saña” durante toda la vista, “llegando a manifestar juicios de valor contra su actuación que eran muy hirientes”, de lo que aseguran poseen grabaciones.

En el escrito, sin demasiada contención narrativa, se asevera también que la Fiscalía “manifestó en sala” que en aquella ocasión “se encontraban presentes los elementos del tipo del artículo 197” porque Macías “sí había revelado datos secretos”, en el sentido de que “la UGT era una empresa a todos los efectos y había abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que afirmaba que todo lo que una empresa determinara era secreto en términos jurídicos”, decidiéndolo “la propia empresa” sin más, de acuerdo a la interpretación realizada por la Alianza Contra la Corrupción.

En ese punto, advierten al CGPJ de que “lo que es secreto o no lo decide la ley” y no debería hacerlo una entidad. A esto engarzan que, a su parecer, “está claro que alguno de los dos juzgados -el gallego o el sevillano- no se conoce el artículo 197 del Código Penal”, ya que “no es que se equivoquen al enjuiciar los hechos, es que se contradicen en el mismo fundamento del tipo penal”. Desde ahí piden al órgano de gobierno de los jueces que les aclare cuál de ellos “ha infringido los deberes constitucionales que tiene encomendados”, al creer “evidente” que “hay dos sentencias totalmente incompatibles entre sí y con los principios más elementales de nuestro ordenamiento”.

Esperan su respuesta, dado que no descartan “emprender acciones legales, aparte de las que considere el Consejo que ha de tomar de oficio”.

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