Los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro han provocado este sábado 3 de enero una oleada de reacciones políticas en España que evidencian una profunda división sobre cómo interpretar la intervención militar y sus consecuencias para el futuro del país sudamericano.
Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado la necesidad de proteger a los ciudadanos españoles que residen en Venezuela y ha mostrado su respaldo a una transición democrática que permita al país recuperar un futuro sin represión. En ese mismo bloque se ha situado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha celebrado lo ocurrido como una oportunidad histórica para devolver la democracia al país sudamericano.
Desde Vox, su líder, Santiago Abascal, ha defendido la ofensiva estadounidense como un avance para la libertad, reclamando una transición inmediata tras años de sufrimiento del pueblo venezolano.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido públicamente desescalada y responsabilidad, defendiendo el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Junto al Ejecutivo se ha situado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha llamado a la serenidad y a la defensa de los derechos humanos como base de cualquier solución. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene además activados los protocolos de seguimiento de la situación de los más de 150.000 españoles que residen en Venezuela.
Por otro lado, las críticas más duras contra la intervención han llegado desde Sumar, Podemos e Izquierda Unida. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha acusado a Estados Unidos de vulnerar la legalidad internacional. Desde Podemos, Ione Belarra e Irene Montero han condenado la ofensiva y han reclamado romper relaciones con Washington y salir de la OTAN. A estas posiciones se han sumado los dirigentes de Izquierda Unida Antonio Maíllo y Enrique Santiago, que han denunciado la intervención como una agresión que vulnera la soberanía venezolana, han expresado su solidaridad con el pueblo del país y han pedido a la comunidad internacional que exija el fin inmediato de los ataques.
A estas críticas se han sumado también los sindicatos CCOO y UGT, que han calificado los bombardeos y la captura de Maduro como una grave vulneración del derecho internacional y han advertido de que los problemas políticos, sociales y económicos de Venezuela solo pueden resolverse mediante diálogo y diplomacia, no mediante el uso de la fuerza militar.
En el plano internacional, la Unión Europea ha pedido moderación y ha reclamado una transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela, subrayando la prioridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, mientras la intervención de Estados Unidos mantiene al país sudamericano en el centro de la política mundial y abre una etapa de incertidumbre cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de sus fronteras.
