A pesar de que el pasado 30 de mayo el PSOE de Sánchez y sus socios de investidura conseguían sacar adelante la Proposición de Ley Orgánica de amnistía “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor a pesar de que sí aparece recogida en el Boletín de las Cortes Generales.
La aplicación de la ley supone el borrado de los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023 en torno al proceso independentista de Cataluña. Una de las demandas más importantes que los actores del independentismo catalán, incluido el político fugado de la justicia Carles Puigdemont, vienen exigiendo desde el apoyo a la investidura.
Sin embargo, el retraso de su publicación en el BOE podría venir motivado por la celebración inminente de las elecciones europeas del próximo domingo ya que se espera una respuesta judicial importante.
Así, las comunidades gobernadas por el PP, entre las que se encuentra Andalucía, ya han avanzado la presentación de recursos por considerar que la ley de amnistía vulnera principios constitucionales.
En este sentido, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía recoge entre los principios constitucionales, el de la separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación.
Por otro lado, considera que vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable.
Por último, la Junta de Andalucía insiste que vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.
Así las cosas, tras las celebración de los comicios europeos se espera un terremoto judicial e incluso político ante una ley de amnistía que podría ser antesala de nuevas exigencias por parte de Puigddemont con la investidura de Illa en el aire.
