Los continuos movimientos del Tribunal Constitucional están dominando el debate político en todo el país sobretodo en la comunidad autónoma de Andalucía por la decisión de estudiar el próximo 2 de julio una ponencia a cargo de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en la que propone "exonerar la malversación" a una de las condenadas en la trama corrupta de los ERE en Andalucía.
Se trata de la exconsejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que aunque ya goza del tercer grado penitenciario, fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación en el conocido como 'caso de los ERE'.
En este sentido, el TC emite los mismos argumentos que ya defendió la semana pasada para justificar la rebaja de la pena para la exconsejera andaluza y exministra, Magdalena Álvarez. Es decir, excluir los hechos relacionados con su participación en la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.
De este modo, el Pleno que se celebrará el próximo 2 de julio seguirá deliberando sobre los recursos de amparo de la propia Martínez Aguayo y de resto de implicados en la trama de los ERE como Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Según explica el TC en una nota, la prioridad para estudiar y deliberar estos asuntos se debe a "la situación personal de prisión en la que se encuentra cada uno de ellos".
Por otro lado, en el siguiente Pleno del Tribunal Constitucional que se celebrará el 16 de julio se deliberarán sobre los siguientes recursos de amparo: Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación. Al igual que estudiarán las demandas de amparo de José Antonio Griñán y Juan Márquez Contreras, condenados por delitos de prevaricación y malversación.
Reacciones políticas
Los movimientos que se producen en el seno del TC están siendo objeto de debate en las diferentes formaciones políticas. Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este martes "dejar trabajar sin presionar" al Tribunal Constitucional. "Igual que respetamos una sentencia del Tribunal Supremo con dos de los cinco votos exculpatorios, ¿no deberíamos dejar trabajar sin presionar o mejor respetar lo que diga el TC?", ha publicado el líder del PSOE-A en su cuenta de la red social X.
Por su parte, el Partido Popular a través de su secretaria general , Cuca Gamarra, ha criticado el "cambio" en el Tribunal Constitucional que coincide con la "etapa" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a la vez que ha denunciado la "revisión de sentencias" en el caso de los ERE, un hecho que ha equiparado como "indultos por la puerta de atrás" y el "borrado" de responsabilidades penales. "Una derivada muy peligrosa que desacredita y deslegitima" al TC.
"Hablamos de más de 680 millones de euros de los parados que no fueron a los parados de Andalucía sino que durante gobiernos del Partido Socialista fueron a los bolsillos de una trama de amigos y desde dentro de la propia institución", ha explicado Gamarra para posteriormente recordar que el dinero público se "destinó a coca, a prostitutas y a todo tipo de cosas menos a ayudar a quien tenía que haberse ayudado".
