Los periodistas critican que el Gobierno intente legislar sobre el secreto profesional sin contar con los colegios

La corporación andaluza advierte del riesgo de aprobar una ley sin contar con los colegios profesionales y reclama garantías legales para periodistas y medios
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Fuente: Facebook
photo_camera Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Fuente: Facebook

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), junto al resto de colegios integrados en la Red de Colegios de Periodistas de España, ha mostrado su preocupación por la falta de avances en la elaboración de una Ley Orgánica que regule el secreto profesional. Desde el colectivo alertan de que el Gobierno central podría estar trabajando en un anteproyecto sin contar con los colegios profesionales, únicos representantes legalmente reconocidos de los intereses de la profesión en sus comunidades autónomas.

Ante esta situación, el CPPA ha registrado un escrito dirigido al presidente del Gobierno, vicepresidencias, grupos políticos del Congreso y portavoces, entre otros, en el que expresa su malestar por esta exclusión y denuncia una “indefensión deliberada” hacia la profesión periodística. La entidad también ha anunciado que tomará las medidas necesarias para defender los intereses que representa.

Además, el Colegio ha solicitado la colaboración del presidente de la Junta de Andalucía y de los grupos parlamentarios autonómicos para trasladar estas reivindicaciones al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados.

Los colegios consideran esencial que esta ley garantice legalmente el secreto profesional, protegiendo tanto a los periodistas como a sus fuentes, de acuerdo con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Insisten en que no se puede legislar correctamente sin tener en cuenta las particularidades de la profesión, marcada por el intrusismo y la falta de regulación.

Desde el CPPA defienden que el derecho al secreto profesional debe proteger exclusivamente a los periodistas con titulación universitaria específica, que trabajen guiados por los códigos deontológicos del periodismo, y no a cualquier persona que difunda contenidos. También piden una definición clara de qué es un medio de comunicación social para evitar usos abusivos de la futura ley.