La Asociación Española de Consumidores ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, al considerar que “perjudica gravemente los intereses de movilidad de los consumidores españoles” y limita sus libertades.
La organización advierte de que la norma, impulsada por el Gobierno, incluye medidas “intervencionistas” que pueden generar más problemas que soluciones.
Uno de los principales motivos de crítica es el acuerdo alcanzado con Podemos que paraliza las obras del Aeropuerto de El Prat, iniciadas este año. Dichos trabajos contemplaban la construcción de una terminal satélite, la ampliación de la tercera pista y la mejora de las existentes para convertir el aeropuerto en un hub internacional. Según la asociación, esta paralización “va a perjudicar considerablemente a los consumidores y a las empresas” y supone “un ataque ideológico al transporte aéreo y a sus usuarios”.
El colectivo considera que la Ley de Movilidad, aunque persigue objetivos positivos, “legisla sobre aspectos que no cuentan con la infraestructura básica necesaria”. En este sentido, critican la reducción de vuelos de menos de dos horas y media cuando exista una alternativa ferroviaria, una medida que, según afirman, “será un grave perjuicio para los usuarios ante la pésima calidad y los retrasos constantes del transporte ferroviario en España”.
La Asociación también muestra su preocupación por la obligación impuesta a las empresas de más de 200 empleados o 100 por turno de diseñar planes de movilidad sostenible para sus trabajadores. Aunque valoran positivamente la intención, advierten que no debe implicar “una obligación de uso compartido del vehículo privado” ni permitir a las empresas conocer datos de movilidad de sus empleados “que no deberían tener”.
Entre los pocos puntos favorables, la organización señala la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, aunque recuerda que “la falta de estos puntos se debe a las trabas administrativas, no a la falta de iniciativa privada”.
Por último, la asociación critica los nuevos endurecimientos previstos para el acceso de vehículos a las ciudades, al considerar que agravan los problemas que ya generan las Zonas de Bajas Emisiones, una medida “que cuenta con el rechazo mayoritario de los consumidores españoles”.
