Ayer, antes de las 19:15 horas, en las inmediaciones del estadio Nuevo Colombino, mi coche fue forzado. Rompieron el cristal pequeño del lado del conductor, manipularon la cerradura y sustrajeron el poco dinero que llevaba dentro. Un robo sin grandes alardes, pero lo bastante invasivo como para que cualquier ciudadano espere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
Llamé a la Policía Nacional para notificar lo ocurrido. En lugar de ofrecerme una solución ágil o desplazarse al lugar, la respuesta fue tajante: debía llevar el coche —con el asiento y la alfombrilla cubiertos de cristales rotos— a la comisaría para interponer la denuncia. Nadie acudiría a inspeccionar el vehículo, pese a las evidentes condiciones de riesgo en las que me encontraba: el retrovisor izquierdo bloqueado y cristales que seguían desprendiéndose durante la conducción.
Siguiendo las indicaciones de dos agentes, aparqué en doble fila frente a la comisaría, entre vehículos oficiales. Dentro, esperé dos horas y media para ser atendido. Finalmente, un agente se acercó al coche. La inspección no duró más de veinte segundos. Fui yo mismo quien abrió el vehículo; no se tomaron huellas ni se realizó una revisión detallada. Solo un vistazo fugaz y la confirmación de que debía presentar la denuncia. Tras esa larga espera, pude formalizar el trámite.
El agente que me atendió me pidió entonces que volviera al día siguiente, sin tocar los cristales ni manipular el retrovisor, para que la Policía Científica pudiera tomar fotografías y buscar huellas, aun a riesgo de conducir en ese estado.
Mi queja no se dirige a la atención recibida en comisaría, sino a la ausencia de acción en el lugar del robo. Al parecer, el protocolo exigía trasladar el vehículo. ¿Por qué no se consideró enviar un agente para inspeccionarlo allí mismo? ¿No supone un riesgo para la seguridad pública obligar a un ciudadano a circular en un coche dañado, con visibilidad reducida y el interior comprometido? ¿No deberían los agentes haber aplicado un criterio más práctico, en lugar de trasladar toda la carga a la víctima?
La prioridad debió ser la seguridad del ciudadano, pero en su lugar se impuso un protocolo rígido
Lo que me ofreció la Policía Nacional de Huelva no fue solo ineficiencia, sino una preocupante falta de empatía y protección. La prioridad debió ser la seguridad del ciudadano, pero en su lugar se impuso un protocolo rígido que antepone la burocracia a la atención urgente. Una simple visita al lugar habría sido no solo una medida lógica, sino también un gesto de humanidad hacia quien acaba de sufrir un delito.
La Policía Nacional cumple un papel fundamental. Pero cuando ese papel se limita a una respuesta administrativa, deshumanizada y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos, pierde su esencia. Un cristal roto no es solo un daño material; es una grieta en la confianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de protegerla.
