Un nuevo episodio de tensión se produjo ayer, lunes 9 de marzo, en el Ayuntamiento de Almonte durante la celebración de una comisión informativa previa al pleno municipal.
Según fuentes municipales, el origen del incidente estuvo en el análisis jurídico realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento sobre varias mociones presentadas por los grupos de la oposición para su inclusión en el orden del día del próximo pleno. De acuerdo con ese informe, algunas de las iniciativas registradas no habrían superado el control de legalidad al no ajustarse a los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de régimen local, por lo que no podrán ser elevadas al pleno.
Durante el desarrollo de la comisión, esta decisión provocó la reacción del concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez, quien dirigió acusaciones contra la secretaria municipal.
Según las mismas fuentes presentes en la sesión, el edil insistió en sus manifestaciones pese a las llamadas al orden realizadas por el alcalde durante el transcurso de la comisión. La situación alcanzó tal nivel de tensión que la secretaria municipal optó por abandonar la sala con evidentes síntomas de ansiedad y nerviosismo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, no sería la primera vez que el concejal protagoniza situaciones similares en el seno de la corporación municipal, donde ya se habrían producido reproches hacia la funcionaria durante la celebración de distintos plenos.
Este martes 10 de marzo, según han confirmado fuentes municipales, la secretaria municipal ha presentado una denuncia contra el concejal Miguel Ángel Jiménez por lo ocurrido durante la comisión celebrada el día anterior.
Asimismo, la funcionaria ha solicitado al alcalde auxilio y amparo institucional, además de la adopción de medidas de seguridad policial de cara a los próximos actos o sesiones que se celebren en el Ayuntamiento.
Desde el consistorio, según las fuentes municipales consultadas, se insiste en la necesidad de mantener un clima de respeto institucional en el funcionamiento de los órganos municipales y que las discrepancias políticas deben desarrollarse dentro del marco de las normas que regulan la actividad pública.
