Los datos personales de los españoles que decidan no vacunarse contra el coronaviru, ya que se trata de algo voluntario, estarán recogidos en una relación que recopilará el Ministerio de Sanidad en base a la información que le proporcionen al respecto las distintas comunidades autónomas.
Se trata de una decisión, según informa Vozpópuli, que ha despertado dudas sobre su legalidad y sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
En cualquier caso, desde el Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, esta recogida de datos tiene aval legal y es, ni más ni menos, una norma del Partido Popular, que fue aprobada estando Ana Pastor al frente de dicha cartera, añade este digital.
En la citada información -citando al mencionado comité- se dice que "la norma establece también que el paciente debe dejar constancia escrita de que se niega a ser tratado. Este punto es necesario para evitar posibles demandas futuras. En el caso del coronavirus, si no se registra el rechazo, las autoridades sanitarias no podrán saber si alguien no se ha vacunado por un error del sistema o porque por otras circunstancias no se le ha podido vacunar todavía".
Hasta el momento, el Gobierno ha optado por la fórmula de vacunación voluntaria, lo que dificultaría una reclamación administrativa por parte de cualquier persona en caso de que la vacuna provoque efectos secundarios.
En cualquier caso, los expertos recuerdan que la Ley General de Salud Pública dispone de resortes que podrían ser utilizados para obligar a ponerse la vacuna en tiempos de pandemia a aquellos que se nieguen a ello sin causa justificada.
Por otro lado, el Comité de Bioética ha felicitado a las autoridades porque en la priorización de los grupos que van a recibir primero las vacunas contra el coronavirus hayan imperado no solo a criterios científicos, clínicos y económicos, sino también éticos y legales.
"No podemos más que transmitir nuestra satisfacción porque la perspectiva bioética haya estado presente en un debate como es el de la priorización de un recurso sanitario tan importante y en un contexto tan dramático, y comprobar que las soluciones propuestas toman en consideración los principales criterios bioéticos aceptados universalmente así como los principios, valores y derechos consagrados en nuestra Constitución", han señalado.
A su juicio, un modelo mixto de priorización de los recursos, en el que se preste especial atención a la vulnerabilidad, es el que "mejor" se acomoda a un caso como el de la vacuna contra el Covid-19. "La aplicación ponderada de estos principios conduce a una justa priorización en la distribución de las vacunas mientras no dispongamos de las suficientes para proteger a toda la población", ha apostillado.
Del mismo modo, el comité ha destacado el esfuerzo realizado por el grupo de trabajo que ha creado el plan de vacunación porque se basa en criterios sustancialmente éticos y en valores y principios asumidos universalmente, tales como la protección frente a la vulnerabilidad, la igualdad, la equidad o la reciprocidad entre otros, apartándose de propuestas meramente utilitaristas.
"Desde el Comité de Bioética de España destacamos el esfuerzo que se ha llevado a cabo por el Grupo de Trabajo para que la estrategia sobre la priorización en el acceso a la vacuna se elaborara con antelación suficiente a la llegada de las vacunas, lo que ha permitido un debate constructivo, reposado y sereno. Cuando el valor en juego es tan relevante como la salud particular de los individuos y la salud pública de las poblaciones, la única manera de alcanzar consensos robustos en la propuesta de determinadas políticas es mediante una deliberación nutrida tanto del conocimiento científico y clínico como de las razones éticas", han señalado desde el organismo.
Al mismo tiempo, ha destacado el hecho de que el plan sea un "documento vivo" que se irá actualizando a medida que vaya aumentando el conocimiento sobre las vacunas candidatas y aquellas próximas a su autorización, así como las características de la inmunidad generada tras la vacunación.
Finalmente, el comité ha subrayado la necesidad de combatir la 'infodemia o infoxicación', asegurando que la "mejor vacuna" contra esto es la búsqueda de fuentes de información acreditadas y rigurosas. "La vida de los demás está ahora, más que nunca, en manos de cada uno de nosotros. La libertad de expresión y la libertad de creación y debate científicos son derechos fundamentales de toda sociedad libre, no obstante, con actitudes y conductas que pongan injustificadamente en duda la eficacia y seguridad de las vacunas que llegarán en breve a nuestro país, se puede hacer mucho daño a muchas personas", ha zanjado.
