La denuncia pública del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre una supuesta “explotación laboral y sexual” en el colectivo de trabajadoras inmigrantes que se desplazan a la provincia de Huelva para participar en la campaña agrícola ha provocado un notable malestar, e incluso indignación, en las organizaciones agrarias y sindicales relacionadas con dicho sector.
Y no es para menos. Porque la denuncia, lejos de concretar algún caso de esa hipotética explotación, solo sirve para extender la sombra de la sospecha sobre todo el sector agrícola onubense.
Haría bien el SAT si conoce algún caso concreto en acudir al juzgado a presentar la correspondiente denuncia para que sean los tribunales los que investiguen. De lo contrario, dicho sindicato debería abstenerse a la hora de provocar alarmas infundadas con delitos tan graves como los que alude.
Y es que ASAJA, UPA, Freshuelva, UGT, CCOO y demás organizaciones con representación en la Mesa de la Inmigración de la provincia de Huelva han asegurado no tener constancia de ninguna denuncia presentada en relación con lo que ha denunciado el Sindicato Andaluz de Trabajadores después, por cierto, de la emisión de un reportaje sobre este tema en un medio alemán.
Es más, dichas organizaciones advierten que, “de haberse tenido conocimiento de estos delitos, cualquiera de nuestras organizaciones habría sido la primera en ponerlo en conocimiento de las autoridades, denunciándolas”.
En este sentido, han indicado además que la Guardia Civil, con la colaboración estas organizaciones, tiene el dispositivo EDATI (Equipos de Atención al Inmigrante) durante los meses de campaña. Este dispositivo está dedicado a la atención del inmigrante, velar por el cumplimiento de la normativa que regula la contratación laboral, facilitar su estancia en suelo nacional y promover su integración, así como servir de enlace con cualquier institución implicada en el tema.
Por ello es este dispositivo el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley y quién vela por que cualquier delito relacionado con sus funciones no se produzca y de investigarlo en caso de existir sospechas de ello.
Por todo ello, insistimos que la denuncia del SAT, sin datos concretos, solo sirve para ensuciar la imagen de un sector que genera cada año más de 70.000 empleos y que constituye uno de los principales pilares de la economía onubense.
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