Los daños sufridos por el paseo marítimo de Matalascañas no responden a “una catástrofe inevitable ni a un accidente imprevisible”, sino que son “la consecuencia directa de una falta de actuación a tiempo por parte del Gobierno de España”. Así lo trasladan fuentes municipales, que sostienen que la administración local ha sido “la parte más débil de esta crisis”, pese a haber advertido con antelación del deterioro del litoral.
Según las fuentes consultadas, durante meses se alertó del “grave deterioro de la costa” y los riesgos existentes para vecinos, trabajadores y visitantes. “Las advertencias estaban ahí, los informes existían y la urgencia era conocida”, señalan, lamentando que la respuesta del Estado fuera “el silencio, la dilación y, finalmente, la inacción”.
Cuando el daño ya era irreversible y el paseo se encontraba gravemente afectado, la reacción del Gobierno no habría sido, según indican, la cooperación institucional ni el apoyo económico y técnico que exigía una situación de esta magnitud. Por el contrario, denuncian “un trato desproporcionado, hostil e inhumano” hacia una administración que “no dispone de los medios ni de las competencias necesarias para afrontar en solitario una situación provocada por la dejación estatal”.
Las mismas fuentes consideran “profundamente preocupante” que responsables del Gobierno central hayan optado por “una estrategia de señalamiento político en lugar de asumir responsabilidades”. Asimismo, aseguran que “no solo no se ayuda a reparar los daños, sino que además se presiona para que no se proteste ni se denuncie la cadena de errores y omisiones”.
En esta línea, advierten de que este comportamiento “recuerda a prácticas de poder que castigan al más débil para proteger al fuerte” y sostienen que “no es propio de una democracia madura ni de un Estado que se dice social y solidario”.
Desde el ámbito municipal se insiste en que no se reclaman privilegios, sino “justicia, cooperación y lealtad institucional”, así como el respaldo de los grupos parlamentarios y la ciudadanía. Subrayan que “lo que está en juego no es solo la reconstrucción de un paseo marítimo”, sino “el respeto a las administraciones locales, la igualdad entre territorios y el principio básico de que quien tiene la competencia, tiene la responsabilidad”.
La situación vivida en Matalascañas, concluyen, “debe ser conocida, denunciada y corregida”, al considerar que se trata de “una injusticia que afecta al modelo de relación entre administraciones y no solo a un enclave concreto”.
