La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido su actuación durante la misa funeral celebrada en recuerdo de las víctimas de Adamuz, después de que su llegada por una puerta secundaria y la distancia mantenida con los familiares se convirtieran en algunos de los aspectos más comentados del acto.
Montero ha asegurado que el Gobierno de España actuó en todo momento conforme al protocolo establecido y respetando la voluntad expresada por las propias víctimas. “El Gobierno de España en todos los actos públicos en los que participa desarrolla la tarea que se acuerda de protocolo, en este caso con el Obispado y la Casa Real”, ha explicado.
Según la ministra, ese protocolo respondía directamente a lo que habían transmitido las víctimas a la Iglesia. “El Gobierno eso fue lo que hizo, respetar lo que las víctimas habían transmitido al obispo, que solo querían que se produjera el saludo de la Casa Real”, ha afirmado, justificando así su posición durante la ceremonia.
En este sentido, Montero ha rechazado cualquier crítica relacionada con su actitud durante el funeral y ha subrayado que actuó desde el respeto y la discreción. “Yo respeto a las víctimas y, por tanto, no tengo que hacer ninguna sobreactuación”, ha señalado.
La vicepresidenta ha añadido que su comportamiento durante el acto responde a su manera habitual de actuar en situaciones especialmente delicadas. “Aquel que me conoce sabe cómo estoy en los sitios: discreta, en un segundo plano y estando disponible”, ha indicado, insistiendo en que su presencia se mantuvo deliberadamente alejada del foco público.
La actitud de la ministra contrastó con la de otras autoridades presentes en el funeral, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quienes sí se acercaron a hablar con los familiares tras finalizar el acto.
Desde el Gobierno se defiende que la actuación de Montero no respondió a una decisión personal, sino al cumplimiento estricto del protocolo marcado por la Diócesis y la Casa Real, con el objetivo de respetar la voluntad de las víctimas y evitar cualquier protagonismo institucional en un acto de carácter íntimo y de recogimiento.
