La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantendrá abiertas las quejas sobre la situación medioambiental del Parque Nacional de Doñana con el apoyo de los grupos europeos de PSOE, UP y Ciudadanos, pese a que el PP y Vox solicitaron darlas por cerradas.
La decisión de los tres partidos ha provocado la indignación de PP y Vox que consideran que no hay motivos reales para que sigan abiertas dichas quejas pero, especialmente, ha llamado la atención el cambio de postura de Cs, que a última hora decidió sumarse a PSOE y UP para que no se cierren las mencionadas quejas.
Por ello, desde el PP y Vox en la provincia de Huelva se piden a los representantes onubenses de los citados partidos que expliquen los motivos que en realidad les han llevado a actuar de este modo.
Y es que, durante el debate de los eurodiputados, varios españoles -como Clara Aguilera (PSOE) y Sira Rego (IU)- defendieron mantener abierta la petición para seguir vigilando el caso, mientras que otros -como Juan Ignacio Zoido (PP) o Jorge Buxadé (Vox)- reclamaron su cierre, con comentarios cruzados sobre las responsabilidades de la gestión de la zona o el equilibrio entre la protección ambiental de la zona y su explotación económica.
Tras la sesión, Toni Valero (IU) tildó la decisión de "un éxito" ante "al guión previsto que tenía el PP, que tiene la presidencia de esa Comisión de Peticiones", pero "no ha podido dar carpetazo a esta petición".
"Frente al criterio del gobierno andaluz que ha participado del debate y que ha estado presente en el debate, hemos podido convencer a los eurodiputados y eurodiputadas para que la Unión Europea siga vigilante en Doñana", aseguró
El secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha señalado al gobierno PSOE-IU como “responsable” del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea por el estado del Espacio Natural a raíz del requerimiento iniciado por Bruselas en el año 2014.
Arjona ha remarcado que el escrito de requerimiento sobre la sentencia de la Unión Europea por el estado ambiental de Doñana “se recibió cuando gobernaban el Partido Socialista e Izquierda Unida en 2014” y, por lo tanto, “lo que ahora se aborda tiene su origen en los años de gobierno de coalición PSOE-IU y en los gobiernos socialistas anteriores”.
En este sentido, Arjona ha explicado que la decisión de la Comisión de mantener abiertas las peticiones sobre la situación medioambiental del Parque Natural de Doñana “responde al propio reglamento del Parlamento Europeo, al existir un procedimiento de infracción aún abierto sobre Doñana por la mala gestión del parque tanto durante los gobiernos socialistas como a lo largo del gobierno de coalición con Izquierda
Unida”.
Así, Arjona ha lamentado que durante los años de coalición de izquierdas fue cuando “más bajó la inversión” en el Parque Nacional, un 20 por ciento menos en toda la historia, concretamente hasta 11,4 millones de euros en 2013. “Una gestión que contrasta con la actual del Gobierno de Juanma Moreno, que ha subido esa cantidad, destinando 17 millones de euros a la restauración del incendio de Las Peñuelas y 6,6 millones para mejora de la biodiversidad”, ha enfatizado.
A su juicio, “quienes ahora piden cuidar Doñana y criminalizan a los agricultores son los mismos que gobernaban la Junta de Andalucía cuando la UE inició el procedimiento sancionador por el que ahora pretenden responsabilizar a este Gobierno de la Junta”. A este respecto, el secretario general de Medio Ambiente ha afirmado que el actual Gobierno de Andalucía “no va a criminalizar a los agricultores, porque hay que diferenciar entre aguas superficiales y aguas subterráneas qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez”.
A este respecto, eurodiputados han reconocido y valorado “el esfuerzo” realizado en estos tres años por el Gobierno que preside Juanma Moreno para cumplir con las recomendaciones de Europa y mejorar la salud medioambiental de Doñana gracias a una inversión sin precedentes en el Espacio Natural. Por contra, han reclamado al Gobierno de España y, en concreto al Ministerio para la Transición Ecológica, que cumpla con la Ley del Trasvase del Condado para sustituir aguas subterráneas por superficiales.
“Las aguas superficiales tienen que venir a través de una ley del Congreso, que se aprobó en 2018 y que anteriormente fue impulsada en 2017 en el Parlamento andaluz, la cual no se está cumpliendo”, ha remarcado el secretario general de Medio Ambiente. Por tanto, para Arjona “el agua en superficie no llega a Doñana por culpa del Gobierno de España, es decir, que quién no hace el trasvase del Odiel-Tinto-Piedras es quién está afectando a la situación hídrica de Doñana”.
El equilibrio hídrico en esta zona depende de la gestión de las aguas subterráneas y de las superficiales. Las primeras son competencia principalmente de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que gestiona el Estado. “Las superficiales, que podrían y deberían llegar, vienen de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, que gestiona la Junta de Andalucía”, ha detallado Arjona, quien ha incidido en que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible “ya ha dejado claro que está dispuesta, incluso, a aumentar el volumen de transferencia de agua superficial si el Ministerio ejecuta de una vez las obras hidráulicas que tiene pendiente en la provincia de Huelva, entre ellas la finalización de la presa de Alcolea”.
